Desde el 9 de marzo de 2021, Emine Şenyaşar y su hijo Ferit realizan todos los días una vigilia frente al juzgado de Urfa para exigir el castigo de los asesinos de su esposo Hacı Esvet y sus hijos Celal y Adil. Los tres hombres fueron asesinados por los guardaespaldas armados y familiares del parlamentario del AKP Ibrahim Halil Yıldız durante una gira de campaña en 2018, pocos días antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales. 

Solo uno de los 23 atacantes involucrados está en prisión. El juicio se retrasa y el poder judicial turco no muestra interés en esclarecer los asesinatos y castigar a los perpetradores. En cambio, las familias afligidas de los muertos se convierten en víctimas de una represión sistemática. Fadıl Şenyaşar, otro hijo de Emine Şenyaşar, sobrevivió al intento de linchamiento y fue condenado a 37 años de prisión por el asesinato de uno de los atacantes -que se demostró que fue baleado por su propia gente-.

Hoy, Emine Şenyaşar no pudo acudir al juzgado debido a problemas de salud. Su hijo Ferit Şenyaşar partió solo desde la casa familiar en el distrito de Suruç, a 42 kilómetros de distancia, hacia Urfa para continuar la vigilia que cumple 317 días. La nieve ha caído en la región y las carreteras son peligrosas. "Ya hemos dicho varias veces que nos quedaremos aquí frente al Palacio de Justicia bajo cualquier circunstancia hasta que se nos haga justicia. Solo cuando se logre nos iremos a casa", aseguró Ferit Şenyaşar,quien escribió "día 317" en la nieve en la pared frente al palacio de justicia. Entonces llegó la policía y le exigió que borrara la escritura en la nieve, porque eso está prohibido en los edificios públicos. Ferit Şenyaşar se negó, por lo que los policías limpiaron la pared ellos mismos.

Emine y Ferit Şenyaşar ya han sido detenidas varias veces durante su vigilia. A instancias del ministro del Interior, Süleyman Soylu, del AKP, y su colega de partido, Ibrahim Halil Yıldız, se ha presentado una causa penal contra Emine Şenyaşar, de setenta años, por insultar a la gente y se enfrenta a hasta cuatro años de prisión.