Repensar la utilidad del comercio del agua según el experto en derechos humanos de la ONU

Los Estados deben garantizar medidas legales apropiadas para evitar la especulación con el precio del agua, dijo el representante especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para las Naciones Unidas, condenó en un informe el uso del agua como un activo del mercado financiero. Sugirió que la mercantilización y financiarización del agua conducirá a la privatización de los recursos hídricos. 

La propiedad privada del agua como recurso o de las infraestructuras necesarias para gestionar los servicios de agua y saneamiento dará lugar a la especulación en los mercados financieros, dejando al Estado sin control sobre los recursos hídricos, afirmó. 

La "mercantilización" del agua se refiere al agua manejada como una mercancía bajo la dinámica del mercado de la oferta y la demanda como forma de fijar el precio de las transacciones de mercado entre los usuarios. Estos dos métodos aumentan la vulnerabilidad de los más empobrecidos, la insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, profundizando la crisis del agua a nivel mundial, según el informe.

La separación del agua de la tierra para permitir la mercantilización del agua también provoca la degradación del medio ambiente, según los expertos. Esto conduce a la desregulación de los derechos de comercio de agua entre los usuarios para diferentes tipos de usos. 

La transición de las tarifas reguladas por el sector público (normalmente para la recuperación de los costes sin ánimo de lucro) a la fijación de precios del agua en el mercado da lugar a beneficios para los agentes privados. Esto aumenta la marginación de los usuarios vulnerables y la ignorancia hacia los terceros afectados y los valores no productivos

Esto hace que el medio ambiente se convierta en una mercancía más del mercado, obligando al gobierno a comprar derechos de agua para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas.

Los riesgos e impactos de la mercantilización y financiarización del agua sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento señalan el fracaso de las estrategias para abordar los problemas globales del agua y la amenaza de lograr la sostenibilidad a largo plazo, señala el informe. 

Los Estados deben garantizar la adopción de medidas legales apropiadas para impedir la especulación del precio del agua en los mercados financieros. Esto es para evitar una situación en la que los responsables de la toma de decisiones, que tendrán una gran capacidad económica, dejen escasos a los sectores empobrecidos. 

"Un reto importante es desarrollar una legislación democrática sobre el agua con un enfoque participativo para que el agua potable y el saneamiento sean derechos humanos básicos y no un activo financiero a nivel mundial", dijo el Relator. 

El informe también hizo las siguientes sugerencias: 

  • Creación de legislaciones del agua transparentes y democráticas para promover la máxima participación pública
  • Decisiones de gestión de los recursos hídricos planificadas e implementadas hidrológicamente 
  • Prevención de la explotación de los acuíferos para que puedan funcionar como reserva estratégica para la sequía
  • Fomento de los bancos públicos de agua en las cuencas hidrográficas con escasez hídrica

Para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), exigido por las Naciones Unidas, de acceso al agua potable y al saneamiento, la Relatora Especial recomendó la adaptación de nuevas estrategias para hacer frente al cambio climático y al acceso al agua. 

Los Estados deben informar sobre los proyectos e inversiones en el ODS 6 con un enfoque basado en los derechos humanos en sus presentaciones anuales del Plan Nacional de Adaptación a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, destacó.