La explosión de una poderosa bomba dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía, el general Santander en Bogotá (Colombia) el pasado jueves causó la muerte de 21 personas e hirió a 68.

Las autoridades colombianas han informado que la acción fue llevada a cabo por lo que parecía una bomba suicida. El autor del material, identificado como José Almedas Rojas Rodríguez, irrumpió en la institución policial por la fuerza, rompió la barrera de seguridad y llegó al patio ceremonial donde detonó el automóvil que conducía cuando se estaba celebrando una ceremonia para nuevos cadetes.

Ya se ha confirmado que una de las víctimas fue un cadete de la policía ecuatoriano, y entre los heridos hay varios cadetes de ese mismo país y de Panamá.

Según diversas fuentes, 58 de los heridos son de naturaleza leve y ya habían sido dados de alta.

La Fiscalía también informó que la bomba estaba compuesta por 80 kg de pentalita, una poderosa mezcla explosiva de TNT y pentito, que se utiliza para fabricar minas antipersonal.

Todos los partidos del país han rechazado y condenado el ataque mortal, al igual que todos los países de la región, sin excepción.

El impacto político y social del ataque ha sido enorme y, aunque el presidente del país, el derechista Ivan Duque, declaró que: "este ataque demente no quedará impune", el ex comandante insurgente de las FARC-EP, el pastor Alape dijo que el ataque "fue una provocación contra la solución política del conflicto", en clara referencia no solo al Acuerdo de Paz de La Habana, firmado por el Gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP en noviembre de 2016, sino también a la decisión del actual Presidente para romper, en agosto del año pasado, las negociaciones en curso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El poderoso ataque ha agudizado el sentimiento político y social de que el Acuerdo de Paz de La Habana ha sido una oportunidad perdida para resolver, por medios pacíficos y políticos, el conflicto armado que Colombia ha vivido durante seis sangrientas décadas.

Desde la firma del Acuerdo, más de 300 líderes sociales, activistas de derechos humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP (ahora un partido legal con el nombre de FARC) han sido asesinados sin el Estado, lo que debe garantizar los aspectos de seguridad. Grandes esfuerzos para identificar a los autores materiales e intelectuales. A esto debemos agregar un desinterés gubernamental permanente para implementar otros capítulos acordados de importancia económica y social y en la aplicación de la justicia transitoria.

Queda por aclarar quiénes han sido los inductores del ataque sangriento y sus verdaderas intenciones, pero parece claro que las consecuencias serían el fortalecimiento del "incumplimiento" de los acuerdos y la negativa presidencial a reanudar las negociaciones con el ELN.