A pesar de la creciente condena nacional e internacional, la respuesta militarizada y la represión policial de las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, continúa en diferentes ciudades de Colombia. La policía ha hecho un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, y hay informes alarmantes de violencia sexual y desapariciones, ha denunciado hoy Amnistía Internacional. Las desapariciones forzadas y la violencia sexual perpetradas por las autoridades son delitos de derecho internacional que cualquier Estado debe investigar y juzgar.

"Las autoridades colombianas deben garantizar el derecho de reunión pacífica y abstenerse de estigmatizar y reprimir las manifestaciones que se están llevando a cabo en todo el país desde el 28 de abril. Garantizar el derecho a la vida de los manifestantes pacíficos y su seguridad debe ser un elemento central de la respuesta de las autoridades, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos", ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha denunciado anteriormente incidentes de uso indiscriminado de armas letales y menos letales por parte de las fuerzas de seguridad, y a pesar de las múltiples condenas internacionales de estas pruebas, la organización sigue documentando casos graves de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Mediante el análisis y la verificación de imágenes audiovisuales, la organización ha confirmado, por ejemplo, el uso de lanzagranadas de gas lacrimógeno disparadas por agentes del ESMAD a corta distancia contra manifestantes en Cali. En otro incidente que Amnistía Internacional pudo verificar en Bogotá, la policía utilizó un arma de fuego contra una persona mientras huía. La organización también ha recibido informes de que en la noche del 4 de mayo, en el barrio de Siloé de Cali, se produjeron disparos directamente contra manifestantes, amenazas y actos de tortura. 

Hasta el 6 de mayo, la ONG Temblores ha denunciado la muerte violenta de 37 personas, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, 26 víctimas de lesiones oculares, 234 víctimas de violencia física y 934 detenciones arbitrarias contra manifestantes. También denunció que 11 personas fueron víctimas de violencia sexual. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia envió una alerta sobre 87 personas reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones, aunque esta cifra debe ser actualizada. Hasta el 4 de mayo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, formado por organizaciones de víctimas, documentó 135 denuncias de posibles desapariciones forzadas. Al menos 28 de estas personas han sido localizadas desde entonces. 

Ha habido múltiples denuncias de abusos sexuales durante las detenciones por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, una mujer que se manifestaba en Cali el 30 de abril denunció en las redes sociales que había sido abusada sexualmente por agentes del ESMAD. Durante un enfrentamiento, varios agentes dispararon gases para dispersar a los manifestantes y aunque ella tenía los brazos levantados de forma pacífica, los agentes del ESMAD separaron a las mujeres de los hombres y un agente abusó sexualmente de ella delante de sus compañeros.

"Compartimos la indignación de todas las personas que han sido víctimas de la violencia de género en el marco de las protestas en Colombia. Iván Duque, como comandante en jefe de la Fuerza Pública, debe pronunciarse sobre estos hechos. El silencio sólo deja un velo de impunidad y complicidad. Hemos recibido varias denuncias de abusos sexuales por parte de agentes del ESMAD y condenamos enérgicamente el uso de la fuerza contra el cuerpo de las mujeres como forma de castigo", ha declarado Erika Guevara-Rosas. 

"Las autoridades colombianas deben investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional de forma rápida, imparcial y exhaustiva, garantizando los derechos y la seguridad de las víctimas y los testigos. La impunidad no debe prevalecer ante estos graves crímenes". 

"Las normas internacionales de derechos humanos son coherentes al exigir que la policía sólo utilice la fuerza para controlar las manifestaciones como último recurso y que se atenga a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. El uso de la fuerza para mantener el orden en situaciones que no suponen una amenaza concreta para la vida o la seguridad física de terceros se considera un uso desproporcionado de la fuerza y, por tanto, contrario a las normas internacionales", ha declarado Amnistía Internacional.

"A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades del gobierno nacional hayan declarado públicamente que las manifestaciones tienen fines "terroristas" y que, por este motivo, está justificado el uso excesivo de la fuerza contra la población. Además, las declaraciones de las autoridades locales pidiendo a los civiles que tomen las armas contra los manifestantes son alarmantes y parecen justificar el uso de estrategias paramilitares. Esto no sólo viola los estándares de derechos humanos sino que es una afrenta para todas las víctimas de los grupos paramilitares en un país que tiene el conflicto armado interno más largo del continente. La estigmatización de la protesta social sólo genera represión y violaciones de derechos humanos, así como un ambiente de desconfianza en las autoridades que no conduce al establecimiento genuino de canales de diálogo."

Amnistía Internacional ha firmado una petición global junto con 650 organizaciones de la sociedad civil exigiendo una investigación exhaustiva de las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la represión, y pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicite el consentimiento del Estado colombiano para visitar el país e instalar un órgano independiente de expertos que ayude en la investigación de los hechos y garantice la justicia para las víctimas.

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