La profesión jurídica independiente en Turquía sigue siendo el blanco de la justicia. Un tribunal de Estambul ha impuesto la obligación de informar a dos abogados sospechosos de terrorismo.

Los abogados Naim Eminoğlu y Doğa İncesu son miembros de la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD). Desde el martes se encuentran bajo custodia policial en el Presídium de Vatan, tristemente conocido por ser un tristemente célebre centro de tortura, tras haber sido detenidos durante un registro de su apartamento por parte de la unidad antiterrorista de la policía. 

La Fiscalía de Estambul acusa a los abogados de ÇHD de "pertenencia a una organización terrorista". El viernes, las autoridades presentaron una solicitud a la sala penal competente para que se emitiera una orden de arresto contra Eminoğlu e İncesu. El tribunal la rechazó y ordenó en su lugar la presentación de denuncias ante la policía como "medida preventiva".

Este mecanismo se considera una alternativa a la detención y es ampliamente utilizado por la justicia turca para mantener bajo control a personas indeseables. La base de este mecanismo es la ley de "liberación bajo control" que entró en vigor en 2013. Las personas de la oposición y de la sociedad civil se ven especialmente afectadas.

Eminoğlu e İncesu fueron liberados el viernes por la tarde, pero ahora deben presentarse periódicamente ante la policía y no se les permite salir del país. Todavía no está claro si se presentarán cargos contra ellos y cuándo.

Mientras tanto, el ÇHD condenó la acción contra sus miembros y la profesión jurídica independiente en general, diciendo que equivale a "lawfare", es decir, guerra por medios legales.

"El Estado está subyugando al poder judicial para perseguir a los opositores políticos, destruir su reputación y deshacerse de ellos de manera efectiva", denunció el jueves la sección de Estambul del ÇHD en una conferencia de prensa, y agregó: "Nuestro trabajo legal está siendo criminalizado como membresía en una 'organización prohibida' y 'terrorismo'".

La implicación de los medios de comunicación progubernamentales en esta guerra a través de campañas de desprestigio también contribuye a estigmatizar a los abogados con el objetivo de neutralizarlos. "No vamos a permitir eso", afirmaron los abogados.

Represión estatal contra el ÇHD

La asociación ÇHD, fundada en los años 70, ha sido durante décadas el centro de atención de las autoridades represivas turcas. Sus miembros son conocidos por su lucha por hacer cumplir los derechos humanos y civiles y asumen principalmente mandatos políticos, incluso en juicios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Turquía.

Por ejemplo, el presidente de la ÇHD, Selçuk Kozağaçlı, que se encuentra en prisión por "terrorismo" desde 2017, representó a los familiares de Metin Lokumcu, de 54 años, que fue asesinado en 2011 durante las protestas contra los actos de la campaña electoral de Recep Tayyip Erdoğan en la región costera del Mar Negro cuando la policía utilizó gases lacrimógenos. También participó en el caso de Berkin Elvan, de 15 años, que fue golpeado en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno durante las protestas de Gezi en 2013 y murió después de nueve meses en coma.

Representó a los familiares de los fallecidos en el accidente minero de Soma y a los supervivientes y familiares de las víctimas del atentado de Suruç (Pirsûs). El 20 de julio de 2015, un terrorista suicida vigilado por el Servicio Secreto Turco (MIT) llevó a cabo un atentado contra una reunión de jóvenes socialistas que querían apoyar la reconstrucción de la ciudad sirio-kurda de Kobanê. Treinta y tres personas, en su mayoría jóvenes, resultaron muertas.