Una delegación de varios grupos internacionales por la libertad de prensa se encuentra en Turquía para evaluar la situación de la libertad de prensa y el estado de derecho en Turquía, que según ellos "sigue en crisis".

La delegación estaba compuesta por miembros del Artículo 19, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), del Centro Europeo para la Libertad de Prensa (ECPMF), de la Federación Europea de Periodistas (EFJ), del Instituto Internacional de la Prensa (IPI), de PEN Internacional, del PEN noruego y de Reporteros sin Fronteras (RSF).

Durante tres días, la delegación internacional para la libertad de prensa se reunió con periodistas, la sociedad civil, el poder judicial y las autoridades para evaluar las reformas previstas y la continua represión a la que se enfrentan los periodistas en Turquía.

La iniciativa fue promovida por el Instituto Internacional de Prensa (IPI).

Una estrategia de reforma judicial, anunciada en mayo de 2019 por el gobierno turco para abordar las deficiencias del sistema judicial, no será creíble a menos que garantice la independencia judicial tanto en la ley como en la práctica y ponga fin a la persecución de los periodistas, dijo la delegación de libertad de prensa.

La delegación añadió que acogía con beneplácito la intención de las autoridades de emprender una reforma. Sin embargo, la delegación destacó en reuniones con las autoridades que el entorno de la libertad de prensa en el país no ha mejorado desde el levantamiento del estado de emergencia en julio de 2018, que decenas de periodistas siguen encarcelados o sometidos a prohibiciones de viajar como consecuencia de una prolongada campaña de represión contra los medios de comunicación por motivos políticos, y que una posterior y amplia apropiación de la judicatura ha ido menoscabando progresiva y severamente el imperio de la ley y el derecho de acceso a la información por parte de la opinión pública.

En su reunión con el Tribunal Constitucional, la delegación dijo que el máximo órgano judicial de Turquía debe dar prioridad a las solicitudes relativas a los periodistas detenidos y a las medidas administrativas que bloquean los sitios web, incluida la Wikipedia, que está prohibida en Turquía desde hace dos años y medio. Los retrasos en estos casos perjudican gravemente el derecho fundamental del público a acceder a la información. También expresó su preocupación por la reciente incoherencia de los fallos relativos a los periodistas.