Argentina: denuncian la fuerte represión a periodistas en las movilizaciones sociales contra Milei

Más de 30 comunicadores fueron reprimidos, e incluso detenidos, por la policía federal durante las movilizaciones al Congreso contra la Ley Ómnibus. La ministra Bullrich blanqueó que continuará con la misma orientación, aunque ello implique “un muerto”.

Patricia Bullrich viene de mala racha. El debate electoral del año pasado la dejó expuesta. Su falta de preparación e ideas consistentes quedaron sin resguardo y fueron millones que la vieron pisar en falso una y otra vez. Luego perdió las elecciones. No terminó de procesar el golpe, cuando Macri definió hacerla a un lado, y resolvió por su cuenta la negociación con Milei. La pisoteó ante propios y ajenos. La “pato” tuvo algo de reflejo, se distanció de su jefe y negoció por su cuenta la llegada al Ministerio de Seguridad. Desde allí pretende posicionarse y mantener algo del capital político que se le fue esfumado en los últimos meses. Es lo último – supone- que le queda para seguir jugando en primera.

Policías motorizados disparan gases a la prensa deliberadamente, acción ilegal que se repite el 31 de enero, 1° y 2° día de febrero. Foto: Gustavo Molfino

A la ministra no le cae bien la prensa, menos aún aquella que termina exhibiendo su brutez, su incoherencia, sus mentiras. Hace tiempo que solo da entrevistas a medios y comunicadores adictos, esos que carecen de repregunta o que inducen respuestas cómodas en la misma formulación del interrogante.

A su forma, la semana pasada, volvió a interactuar con esa prensa que tanto la irrita. Lo hizo durante las movilizaciones contra la “Ley Ómnibus” llevadas a cabo en el Congreso de la Nación. No hubo palabras, ni declaraciones, solo balas de gomas y gases.

“Desde el sindicato contabilizamos más de 30 compañeros y compañeras de medios públicos, privados y autogestivos con impactos de bala de goma, golpes y daños provocados por gases lacrimógenos. Muchos de ellos tuvieron que ser atendidos por personal médico”, relató el SIPREBA, sindicato de prensa de la capital federal respecto a los hechos sucedidos el jueves 1 de febrero. Incluso Matías Aufieri abogado del CEPRODH e integrante del EMVyJ, fue herido con una bala de goma en su ojo cuando realizaba un relevamiento de los heridos como asesor de las bancas del Frente de Izquierda en el Congreso.

Eso no fue todo. Al otro día, lo efectivos de la policía federal y gendarmería nacional volvieron a la carga, con un ensañamiento particular sobre cualquier que portara una cámara fotográfica. Dos reporteros gráficos que daban testimonio directo de los sucesos fueron detenidos durante la concentración e incluso cuando esta ya había concluido hacía un par de horas.

El escándalo fue tal que lo sucedido llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de una denuncia de gremios del sector que solicitó “medidas cautelares a favor de los trabajadores de prensa y abogados de defensores de manifestantes en Argentina individualizados para evitar futuras represiones por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

La respuesta de Bullrich fue casi una burla. “Si están en el medio de la situación, es difícil distinguirlos. (Que el trabajador) tenga un distintivo, un chaleco que diga ‘prensa’”, soltó la ministra. La indignación brotó en las redacciones. Durante tres días, la policía federal disparó contra quienes tenían chaleco, y gaseó a todo camarógrafo que se le cruzó, sea de un medio opositor, oficialista o alternativo. En relación a las detenciones de reporteros gráficos, sumó una nueva justificación; son militantes disfrazados de fotógrafos.

En algún punto su tesis plantea, por fuera de cualquier libertad democrática, que aquellos que cubren tareas de prensa para las organizaciones que convocan a una protesta o simplemente ejercen el oficio de manera independiente representan un objetivo plausible de represión. Durante la marcha de la CGT del 27 de diciembre las fuerzas de seguridad ya habían detenido a un periodista de la CTA Autónoma que filmaba las detenciones que la Federal realizaba arbitrariamente sobre la Avenida Corrientes.

A riesgo de que los párrafos anteriores pierdan valor, puede decirse que esta avanzada contra periodistas y camarógrafos no se ordena necesariamente en su odio a la prensa, en todo caso ese sentir es la expresión de una motivación mayor que es la que apunta a garantizar la impunidad de la represión. No solo policías sino también funcionarios.

En tanto casta, Bullrich también es una aprendiz de las enseñanzas que dejó la masacre del Puente Pueyrredón en 2002. El solo flash de una cámara basta para desarticular una planificación criminal como la pretendida por Eduardo Duhalde hace más de 20 años atrás. Los asesinatos de Kosteki y Santillán no solo sacudió la Bonaerense que quedó en el foco de la situación sino que además hizo tambalear a un gobierno que debió adelantar las elecciones y dar por finalizadas sus aspiraciones reeleccionistas.

Llevar hasta las últimas consecuencias el plan “anarco capitalista” de Milei, implica poblar las cárceles de militantes y llevar la represión al límite, cueste lo que cueste. “Con el tema del miedo al muerto lo único que lográs es no hacer nada. No tengo miedo de actuar”, aseguró ayer la ministra que tal vez sin buscarlo mostró con que cartas pretende jugar.

Ese razonamiento es el que hegemoniza el pensamiento de Bullrich cuando ordena a sus súbditos de la policía federal: “Disparen a la prensa”.

Fuentes: Nicolás Salas para Anred