Entre el 9 y el 27 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará su 42º sesión en Ginebra.

En el orden del día están los debates acerca de la promoción y protección de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, además del derecho al desarrollo.

Una declaración escrita llamada ‘Turquía: acabar con la represión para restablecer las libertades y los derechos’ ha sido sometida por la ONG Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.

“En el contexto del intento de golpe de estado, el gobierno turco continúa acosando y suprimiendo los derechos fundamentales de los miembros de la prensa, abogados, defensores de derechos humanos, ONGs y académicos”, denuncia el comunicado.

La ONG también afirma que “la represión es particularmente dura en las provincias del sudeste pobladas por el pueblo kurdo. Los arrestos arbitrarios, detenciones sine die sin pruebas, procesos judiciales largos contra abogados, partidos de la oposición, políticos, abogados, miembros de la comunidad kurda están creciendo en los últimos tiempos. En Turquía existen alrededor de 250,000 personas en las prisiones y un alto número de ellas han sido sometidas a procesos judiciales extremadamente largos”.

La ONG también ha querido recordar el artículo 5 de la Convención de Derechos Humanos y sus implicaciones en relación a los hechos denunciados:

“El artículo 5 garantiza que todo el mundo tiene derecho a la libertad y la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad salvo en algunos casos y de acuerdo a un procedimiento establecido por la ley. En Turquía la libertad y la seguridad de las personas son entendidas como un concepto “compuesto”. La independencia del sistema judicial turco está siendo atacado de forma grave tras el intento de golpe del 15 de julio de 2016 creando graves perjuicios a los derechos humanos”.

El comunicado también ha recordado que el “8 de julio de 2019, tras su visita a Turquía del 1 al 5 de julio, Dunja Mijtovic, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, afirmó que ‘Turquía debe tomar medidas urgentes y necesarias para restablecer la confianza en su sistema judicial y reparar el daño infligido sobre el estado de derecho durante el estado de emergencia y el escenario posterior’”.

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples por tanto invita a la acción a las instituciones internacionales:

“El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitraria, los Relatores Especiales de Tortura y otras formas de castigo cruel, inhumano o degradante, así como el de la Promoción y Protección de Derechos Humanos y Libertades fundamentales, el de la Independencia de los Sistemas Judiciales y Abogados, la Promoción de la Libertad de Opinión y Expresión, el de Derechos de Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, y en general a todos los defensores de derechos humanos, deben prestar seria atención, en cumplimiento de sus obligaciones, a las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades turcas.