La audiencia en el llamado juicio KCK, en el que 205 personas se encuentran en juicio, se celebró el martes en el 3er Tribunal Penal de Estambul. Algunos de los acusados ​​y sus abogados estuvieron presentes en la audiencia.

En relación con el juicio de la KCK, el tribunal dictaminó confiscar parte de los activos del editor y autor Ragip Zarakolu. El país gobernado autocráticamente quiere usar la confiscación para forzar el regreso de Zarakolu, quien ha estado viviendo en el exilio en Suecia desde 2013. Los beneficios de pensión del hombre de 71 años también han sido confiscados.

Ragip Zarakolu es uno de los fundadores de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD, İnsan Hakları Derneği). En su editorial Belge (turco: Documento) ha publicado libros desde 1977 que sacuden los tabúes turcos, especialmente los trabajos sobre kurdos y armenios. A finales de octubre de 2011, Zarakolu fue arrestado en el curso de las investigaciones contra el supuesto "Consejo de Turquía de la KCK" y luego arrestado. Debido a un discurso que pronunció en la Academia de Educación del Partido de las Regiones Democráticas DBP, Zarakolu fue acusado de "pertenecer a una organización terrorista". Después de casi siete meses bajo custodia, fue puesto en libertad. En 2013, Zarakolu dejó el país y desde entonces vive en el asilo sueco. Mientras tanto, el juicio continúa.

La ola de arrestos en la llamada "operación KCK" comenzó solo un día después de que la KCK (Unión de Comunidades del Kurdistán) extendió su alto el fuego hasta el 1 de julio el 13 de abril de 2009 y declaró que "por primera vez hay una posibilidad de resolver la cuestión kurda en un entorno de alto el fuego". La operación, que comenzó con el arresto de políticos y representantes de ONG, ha tenido un gran impacto en todas las áreas de la vida social, incluidos alcaldes, sindicalistas, periodistas (juicio de prensa de KCK), activistas de derechos humanos y abogados.

En el llamado juicio principal de la KCK, un total de 83 políticos kurdos fueron detenidos antes del juicio durante más de 18 meses previo a ser llevados a los tribunales por primera vez. Durante este tiempo, los abogados no pudieron apelar contra la detención durante 15 meses debido a una orden de confidencialidad con respecto a los archivos de investigación. En marzo de 2017, 99 acusados ​​fueron condenados a un total de 1.109 años de prisión, y en docenas de casos, su detención fue confirmada por un tribunal superior.