Un nuevo informe sobre las consecuencias de la inundación de Hasankeyf por la Presa Ilisu ha sido publicado por la Coordinadora Hasankeyf. Su publicación se ha realizado 11 días antes del Día de Acción Global que tendrá lugar el 14 de septiembre.

El informe, de 54 páginas, lleva por título ‘Impactos sociales y migración’. Según el informe unas 100,000 personas se verán desplazadas por la construcción de la presa y la inundación de Hasankeyf, con más de 12,000 de historia, y los márgenes del río Dicle

La coordinadora ha reiterado su llamamiento a participar en el Día de Acción Global el 14 de septiembre ya que afirman que “todavía no es tarde para salvar Hasankeyf”.

El informe también señala que cuando la presa esté llena, formará parte del pantano un tramo de 400km del Tigris así como sus tributarios en la zona que serán eliminados.

El informe también ha dedicado una parte a relatar las violaciones y la espiral de violencia que el proyecto ha acelerado en los últimos tiempos a medida que se acerca la fecha de su inundación. Asimismo, el informe denuncia que la situación se asemeja a la creada por la evacuación forzosa de aldeas por parte de fuerzas militares que ocurrió en los 90.

La expropiación de las propiedades de los residentes es otro de los problemas creados por la construcción de la presa, según la coordinadora. Los costes de expropiación no han sido suficientes y los ciudadanos se ven enfrentados a la opción de migrar hacia otros lugares o de crear nuevos asentamientos.

La mayoría de los que han sido desplazados a los nuevos asentamientos ahora se enfrentan al desempleo como consecuencia añadida, según el informe.

“El Consorcio o el DSI no han contactado con los municipios para resolver los problemas a los que se enfrenta la población que ha migrado a ciudades como Batman y Diyarbakir. No se ha preparado ningún plan en colaboración con estos municipios para tratar el tema de como gestionar el flujo de desplazados hacia estas ciudades”.

Por otro lado, otra cuestión enfatizada por el informe ha sido el hecho de que el gobierno no haya informado del precio real de la construcción que se anticipa supere con creces el coste anunciado de 1,200 millones por la empresa encargada.

 El informe ha resaltado como distintas instituciones financieras, muchas europeas, que habían suscrito préstamos para la presa, se vieron obligadas a cancelarlos ante la presión de la lucha popular contra el proyecto.