El veredicto llegó sin sorpresas hoy ante el Tribunal Regional Superior de Hamburgo en el juicio contra Mustafa (Amed) Çelik por presunta pertenencia a una organización terrorista en el extranjero. El activista kurdo fue condenado a dos años y siete meses de prisión. También en este caso, el tribunal abonó a la criminalización del PKK por parte del Estado alemán.

Aunque el juez dio fe de las considerables restricciones de Çelik a los derechos humanos y las experiencias de violencia en Turquía y también tomó en consideración sus problemas de salud, su sentencia fue sólo un mes menos que la solicitud de la fiscalía. Evidentemente, el juez basó su decisión en la sentencia impuesta a Çelik ante el Tribunal Regional Superior de Celle, donde el activista de 43 años había sido condenado a dos años y medio de prisión en 2016. Dado que Çelik es considerado un "reincidente" debido a su compromiso político continuo incluso después de esta sentencia, dictar una condena menor a la de la sentencia anterior habría sido un problema para la carrera del juez.

Lo sorprendente si fue la dificultad del juez, que no parecía dispuesto o capaz, para ocultar u oscurecer las obvias contradicciones de este poder judicial influido políticamente. Por lo tanto, criticó repetidamente los medios de resistencia del PKK contra la opresión del estado turco, mientras que por otro lado describió una declaración de Abdullah Öcalan sobre su objetivo de resolución pacífica del conflicto como "bastante correcta". Elogió los numerosos intentos del PKK por resolver pacíficamente el conflicto, pero al mismo tiempo los descartó como "fallidos", sin mencionar que este fracaso consistió en la reanudación de la violencia por parte del régimen de Erdogan y que el aliado país del estado alemán es, por tanto, el agresor.

Al mencionar la lucha contra el ISIS, la contradicción alcanzó rasgos absurdos cuando mencionó la resistencia militar del PKK ,elogiandolá explícitamente como un "servicio para todos", cuando los mismos medios contra los representantes islamistas de Turquía que fueron tildados de terroristas contra la propia Turquía.

El juez certificó que el acusado tenía "razones comprensibles para luchar por la dignidad humana y la justicia" y mencionó la violencia física y las violaciones de derechos humanos que había experimentado en su juventud a manos del Estado turco. 

En una evaluación del veredicto, el abogado Heinz Schmitt también señaló los enredos políticos en los que el poder judicial está atrapado por la autorización de procesamiento de 2011 del Ministerio de Justicia. Schmitt afirmó que esto criminalizaba la resistencia al terrorismo de Estado por oportunismo en la política exterior y, además, no podía ser verificado por los tribunales. Expresó la esperanza de que esto cambie en unos pocos años y que la práctica jurídica alemana ya no se guíe por los cálculos de la política exterior, sino más bien por los estándares del Estado de derecho.