Los co-portavoces de Asuntos Exteriores del HDP (Partido Democrático de los Pueblos), Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por los tratos realizados en violación del derecho internacional, el derecho humanitario sobre las y los refugiados como resultado de la política exterior de Turquía hacia Europa y el Oeste.

La declaración del HDP publicada el miércoles incluye lo siguiente:

“La política exterior turca hacia Europa y Occidente, en general, ha estado marcada por diferentes formas de amenazas y chantajes en los últimos años. Un ejemplo reciente de esta política es la amenaza de Turquía de impedir la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN con el argumento de que estos dos países apoyan a organizaciones que Turquía considera terroristas, a saber, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección del Pueblo (YPG). 

Turquía, Suecia y Finlandia se reunieron en Madrid y firmaron un memorando trilateral el 28 de junio de 2022 para abordar las "preocupaciones de seguridad" de Turquía, incluidas las solicitudes de extradición pendientes de Turquía para "sospechosos de terrorismo". Como resultado de este acuerdo y en clara violación del derecho internacional, el 2 de diciembre Suecia extraditó a un refugiado kurdo, Mahmut Tat, que fue condenado en Turquía por cargos relacionados con el terrorismo.

Mahmut Tat era conductor de autobús en Dersim (Tunceli), una ciudad kurda en Turquía. En 2015 fue sentenciado a seis años y diez meses de prisión por cargos relacionados con el terrorismo. Al recibir esta condena, solicitó asilo en Suecia. Tres años después de solicitar asilo, la agencia de inmigración de Suecia invitó a Tat y le dijeron que su pedido había sido rechazada y asumida por la agencia de inteligencia sueca. Según Tat, las autoridades suecas le dijeron que era una persona “peligrosa” para su país porque Turquía lo quería. Sin embargo, indicó en su defensa que todo lo que había hecho era participar en “dos protestas democráticas” en Turquía, y estas manifestaciones han resultado en acusaciones de terrorismo. Después de la extradición, Tat fue arrestado en Estambul el 3 de diciembre.

Unirse a las protestas democráticas seguramente no es un delito, pero lo ha sido en Turquía desde que el gobierno puso fin al proceso de paz con el movimiento kurdo en 2015. Desde entonces, las actividades políticas del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), que es el tercer partido más grande que representa a unos 6 millones de votantes en el parlamento turco, ha sido criminalizado ilegalmente como “apoyo al terrorismo”. Muchos kurdos han sido arrestados simplemente por unirse a las actividades regulares del HDP, protestas democráticas y pacíficas, o incluso por publicar un mensaje crítico con el gobierno en Facebook o Twitter.

Después del golpe fallido de julio de 2016, Turquía estuvo bajo el estado de emergencia durante dos años. El estado de emergencia se levantó formalmente en julio de 2018, pero las prácticas del estado de emergencia, como las detenciones arbitrarias, la tortura, la prohibición de manifestaciones pacíficas y las violaciones de la libertad de expresión y de prensa, continúan en pleno vigor en el país. En este proceso, más de 80 000 ciudadanos de Turquía, incluidos más de 6000 ciudadanos kurdos: co-presidentes del HDP, varios miembros del parlamento, más de cien alcaldes electos, sindicalistas, representantes de la sociedad civil, periodistas, académicos, abogados, activistas y estudiantes - han sido arrestados con cargos infundados relacionados con el terrorismo. No hay separación de poderes, ni un poder judicial independiente, ni condiciones para un juicio justo en Turquía. Con el pretexto de combatir el terrorismo y los golpistas, el gobierno ha estado utilizando un poder judicial completamente politizado y militante para silenciar a la oposición democrática, arrestando a políticos y activistas del HDP en particular, con cargos relacionados con el terrorismo y decisiones arbitrarias. Además, como han documentado varias organizaciones independientes de derechos humanos, así como órganos del Consejo de Europa (CoE) y las Naciones Unidas, muchas de estas personas fueron torturadas. El Comité para la Prevención de la Tortura y varias organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que en las cárceles turcas se cometen violaciones sistemáticas de derechos y torturas como han documentado varias organizaciones independientes de derechos humanos, así como órganos del Consejo de Europa (CoE) y las Naciones Unidas, muchas de estas personas fueron torturadas. 

Turquía se ha convertido en un país donde todo tipo de protestas democráticas y críticas contra el gobierno son tratadas como “crímenes terroristas”. Las leyes antiterroristas turcas, que ya eran antidemocráticas, han sido enmendadas, ampliando aún más el alcance de lo que se considera terrorismo para que cada voz crítica contra el gobierno pueda ser etiquetada como una actividad terrorista. El hecho de que esta definición sea tan amplia y vaga se ha mencionado con frecuencia en las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea, y se ha pedido a Turquía que modifique su ley antiterrorista de acuerdo con las normas de esta. Informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa han criticado la detención arbitraria de opositores al gobierno por cargos vagos relacionados con el terrorismo. Además, el TEDH ha condenado a Turquía en innumerables ocasiones por este tipo de detenciones, más recientemente en los casos del ex copresidente del HDP Selahattin Demirtaş y de diputados del HDP contra Turquía.

Dado este contexto y trasfondo político, es tan triste y vergonzoso que un país como Suecia, que ha sido uno de los pilares de la democracia europea, adopte una actitud inhumana ante las amenazas de Turquía. Los kurdos y la gente a favor de la democracia en Turquía y en el extranjero han recibido la noticia de la extradición del Sr. Tat con decepción. Dejar de lado valores como la democracia y los derechos humanos, sobre los que se construyeron la UE y el Consejo de Europa, y hacer tratos que violan el derecho internacional, el derecho humanitario sobre refugiados en particular, no solo perjudica a los kurdos. Si no se evita, tal erosión de los valores democráticos y del derecho internacional corromperá y destruirá los valores e instituciones democráticos europeos desde dentro.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que no permanezca en silencio ante tal sacrificio del pueblo kurdo una vez más por preocupaciones y consideraciones geopolíticas. Las autoridades competentes de la UE, el Consejo de Europa y la ONU deben tomar medidas concretas para poner fin a tales violaciones descaradas del derecho internacional y de todos los convenios sobre derechos humanos. E invitamos a todas las fuerzas democráticas y progresistas en Suecia, Finlandia y Europa en general a apoyar y ser solidarios con los refugiados kurdos.

La seguridad y la protección que Suecia y Finlandia desean legítimamente para sus ciudadanos también es un derecho para el pueblo kurdo. Y para decirlo de manera simple y sin rodeos, ningún kurdo que sea crítico con el gobierno turco se siente seguro en Turquía, particularmente en las prisiones turcas. Esto es así con razón”.