El régimen iraní ha ejecutado este lunes de madrugada a un segundo detenido en las manifestaciones que recorren el país desde hace tres meses, confirmó Mizan News, un medio de la propaganda oficial iraní vinculado con el Poder Judicial. Majid Reza Rahnavard, de 23 años, murió ahorcado en una grúa en plena calle en Mashad, a unos 900 kilómetros al este de Teherán, en la que ha sido la primera ejecución en público de un manifestante detenido en las actuales protestas. El joven ha muerto en la horca cuando solo han transcurrido 23 días de su arresto, el 19 de noviembre. Diez días después, fue condenado a muerte, acusado de haber matado a puñaladas a dos miembros de la milicia paramilitar Basij y bajo el cargo de “enemistad con Dios”. El 8 de diciembre, un primer manifestante, Mohsen Shekari, también de 23 años, había sido ejecutado -en la cárcel- por el mismo delito y una acusación similar: herir con un arma blanca a un paramilitar Basij.

“Rahnavard fue condenado a muerte a partir de confesiones obtenidas bajo coacción, tras un proceso manifiestamente injusto y un juicio que fue una pantomima. Este crimen debe tener graves consecuencias para la República Islámica”, ha asegurado en un tuit el director de la ONG iraní en el exilio Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam. Este activista, al igual que otras organizaciones de la diáspora iraní, ha denunciado que este manifestante fue condenado en un juicio sin garantías procesales, en el que ni siquiera pudo ser asistido por un abogado defensor. De acuerdo con el colectivo iraní 1500 tasvir, que informa en redes sociales de las protestas y de la represión de las manifestaciones, el joven recibió “tantos golpes que en todas las fotografías posteriores a su arresto aparece herido”.

Otros diez manifestantes están ya en el pasillo de la muerte en cárceles iraníes, en muchos, si no en todos los casos, después de haber sido declarados culpables de “enemistad con Dios”. Al menos otra decena de personas, de acuerdo con ONG iraníes, afronta una más que probable pena capital, procesada por ese mismo delito, definido de forma ambigua y sin equivalente en las leyes internacionales. Amnistía Internacional considera la tipificación de este crimen “un cheque en blanco” para condenar a muerte en Irán, según explicó recientemente a este diario la especialista en Irán de esa organización, Yolanda Vega.

El artículo del medio oficial Mizan News se ilustra con varias fotografías, teóricamente de la ejecución de este lunes, donde se aprecia a un hombre de complexión fuerte -el joven ejecutado practicaba la lucha libre- suspendido en el aire por una grúa instalada sobre un camión en presencia de hombres ataviados como suelen hacerlos los paramilitares Basij, que aparecen alineados junto a una carretera, y de mujeres vestidas de acuerdo con el rígido código de vestimenta del régimen iraní, de negro y cubiertas de la cabeza a los pies. El hombre ahorcado tiene las manos atadas a la espalda, los pies también ligados y el rostro cubierto por una tela negra.

El colectivo 1500 tasvir ha denunciado que la familia de este manifestante no fue avisada previamente de la ejecución, por lo que no pudieron despedirse de él. Según esa fuente, los allegados de Rahnavard tampoco han podido asistir al entierro. Los familiares recibieron una llamada este mismo lunes en la que, siempre de acuerdo con ese colectivo de activistas, se les informó de la ejecución con una frase: “Hemos matado a su hijo y enterrado su cuerpo en el cementerio de Behesht-e Zahra”.

Reacciones internacionales

Esta segunda ejecución de un manifestante detenido en las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia policial, el 16 de septiembre, de la joven de 22 años Mahsa Amini, ha sucedido el mismo día que los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) tienen previsto aprobar una tercera ronda de sanciones contra Irán. El motivo no es solo las violaciones de derechos humanos de los manifestantes, sino también el hecho de que la República Islámica de Irán haya proporcionado armas, especialmente drones, a Moscú, que las fuerzas rusas están utilizando en la guerra en Ucrania. Teherán niega este extremo y asegura que, si vendió armas a Rusia, lo hizo antes de que empezara la invasión rusa de la antigua república soviética, el pasado 24 de febrero.

A su llegada a esta reunión en Bruselas, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, declaró a la agencia Efe que espera una “posición fuerte y común” de los países de la UE frente a Irán. “Hemos condenado ya claramente las ejecuciones en Irán y lo seguiremos haciendo”, recalcó el ministro. Albares definió como “totalmente inaceptable” la represión de las protestas en el país persa. De acuerdo con Iran Human Rights, la actuación de las fuerzas de seguridad y los paramilitares iraníes ha causado la muerte de al menos 458 personas, mientras que entre 14.000 y 18.000 manifestantes han sido detenidos en los casi tres meses que dura el levantamiento popular contra el régimen iraní, cuya mecha fue la muerte de Amini, la joven detenida en Teherán por llevar mal colocado el velo.

La respuesta de la comunidad internacional no le parece suficiente a Amnistía Internacional. “Dado que las autoridades iraníes tienen la firme intención de continuar con su oleada de homicidios tanto en la calle como a través de simulacros de juicio, corresponde a la comunidad internacional tomar medidas urgentes para detener nuevas ejecuciones. Más allá de expresar su indignación y su condena, la comunidad internacional debe tomar todas las medidas necesarias para hacer rendir cuentas a todos los funcionarios involucrados en crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida. Una de las medidas debe ser ejercer la jurisdicción universal para investigar a todos los presuntos autores de tales crímenes y, cuando haya pruebas suficientes, emitir órdenes de detención”, manifestó el pasado viernes la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Diana Eltahawy.

FUENTE: Trinidad Deiros Bronte / El País