La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés) ha reiterado enérgicamente su llamamiento a las autoridades turcas “para que pongan fin a las leyes y prácticas que contravienen las normas democráticas, revisen su legislación y su marco constitucional para garantizar la separación de poderes, restauren la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, limiten la interpretación de su legislación antiterrorista y apliquen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Al término de un debate de urgencia sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Turquía, los parlamentarios afirmaron también que la decisión presidencial del 20 de marzo de 2021 de retirarse del Convenio de Estambul –que tiene por objeto combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica– constituye “un paso atrás para el país”. Lamentaron profundamente que esta decisión se haya tomado “sin ningún debate parlamentario y a cuenta de narrativas engañosas”.

La resolución adoptada, basada en un informe elaborado por Thomas Hammarberg (Suecia, SOC) y John Howell (Reino Unido, CE / DA), observa con preocupación los procedimientos encaminados a levantar la inmunidad parlamentaria de un tercio de los parlamentarios, en su mayoría de la oposición, así como el intento de disolución del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y la represión de sus miembros. Por ello, la Asamblea “insta a las autoridades turcas a que pongan fin al acoso judicial de los parlamentarios y se abstengan de presentar numerosos sumarios para solicitar el levantamiento indebido de su inmunidad, lo que impide gravemente el ejercicio de su mandato político”.

El texto también pide la liberación inmediata del ex co-presidente del HDP, Selahattin Demirtaş, y del filántropo Osman Kavala “en aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020 y de las decisiones posteriores del Comité de Ministros, que está supervisando su aplicación”.

Según la Asamblea, las autoridades turcas deben aprovechar la oportunidad de aplicar el Plan de Acción de Derechos Humanos y revisar la legislación sobre elecciones y partidos políticos para tomar “medidas concretas y significativas” que respeten así las obligaciones derivadas de su pertenencia al Consejo de Europa.