Fuerzas de ocupación atacan aldeas en el campo de Afrin
La campaña genocida del estado turco que busca invadir el norte y el este de Siria junto con mercenarios yihadistas, continúa desde octubre de 2019, violando el derecho internacional.
La campaña genocida del estado turco que busca invadir el norte y el este de Siria junto con mercenarios yihadistas, continúa desde octubre de 2019, violando el derecho internacional.
El ejército turco ocupante y sus mercenarios aliados han lanzado una ola de ataques en las aldeas del ocupado territorio de Afrin.
Según informes desde el terreno, el ataque apunta a las aldeas de Maranaz y Malikiya en el distrito de Shera, y las aldeas de Aqiba, Soxanaka y las tierras boscosas en el distrito de Sherawa.
Los ataques de Turquía y sus fuerzas yihadistas en el norte de Siria no sólo no han disminuido en tiempos de la pandemia de coronavirus, sino que se dirigen principalmente a zonas residenciales e infraestructura civil. Mientras la población civil sufre icluso en el contexto de Covid-19, el suministro de energía y agua se ha destruido en gran parte del norte y este de Siria, debido a los ataques de artillería selectivos.
Como parte de las medidas mundiales para contener la propagación del coronavirus, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió un alto el fuego global el 23 de marzo y pidió a las partes en conflicto que cesaran las hostilidades: "Poner fin a la enfermedad de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Es hora de poner el conflicto armado en el encierro y enfocarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas. Silenciar las armas; detener la artillería; poner fin a los ataques aéreos. Esto es crucial".
En Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) respondieron declarando que seguirían el llamado de la ONU en la región autónoma y pidierona todas las otras partes en conflicto que realicen inmediatamente un alto el fuego humanitario. Pero hasta ahora las otras partes han ignorado esto.
Turquía está utilizando la pandemia de Corona para expandir su zona de ocupación en medio de la crisis. A pesar de las advertencias de que un brote de Covid-19 en Siria representaría una amenaza mortal para 6.5 millones de desplazados internos, que son consecuencia de nueve años de guerra, el norte y Siria continúan siendo atacados.
En las ciudades de Serêkaniyê (Ras al-Ain) y Girê Spî (Tal Abyad), que se han incluido en la zona de ocupación turca en el noreste de Siria desde octubre de 2019, y en las áreas autónomas a lo largo de la frontera turco-siria , se están llevando a cabo importantes actividades militares del ejército proxy yihadista de Turquía ("Ejército Nacional Sirio", SNA).
Afrin ha estado bajo la ocupación del estado turco y sus aliados mercenarios por más de dos años. Los ataques del estado turco contra Afrin comenzaron el 20 de enero de 2018 y la invasión de la ciudad se llevó a cabo el 18 de marzo de 2018. Desde la invasión, los crímenes de guerra se han cometido sistemáticamente en la región. Casi todos los días, se llevan a cabo delitos como la confiscación de bienes pertenecientes a la población local, el secuestro de civiles por rescate, tortura o ejecuciones.
Las fuerzas de ocupación controladas por Ankara usan los secuestros para extorsionar y pedir rescates monetarios. Este método se ha convertido en una fuente lucrativa de ingresos. Hasta ahora se han reportado al menos 500 casos de transferencias de rescate. Las milicias respaldadas por Turquía exigen un equivalente de entre 3.000 y 100.000 euros, dependiendo de la capacidad de pago de los familiares de las víctimas.
ONU: crímenes de guerra y tortura en Afrin
El otoño pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe sobre la situación en Siria, que también describe la devastadora situación de los derechos humanos en Afrin. El Consejo documentó que las condiciones generales de seguridad en Afrin y los distritos adyacentes seguían siendo graves con facciones armadas que habían dividido la provincia en zonas geográficas de influencia.
“Como resultado, hay una ausencia general de estado de derecho y repetidos incidentes de secuestros, torturas, extorsiones y asesinatos. Las víctimas a menudo eran de origen kurdo, así como los civiles percibidos como prósperos, incluidos médicos, empresarios y comerciantes", detalló el informe.