En la provincia de Van, el estado de emergencia impuesto tras el intento de golpe de Estado de 2016 continúa de facto hasta hoy. Existe una prohibición absoluta de las actividades en los espacios públicos, que es prorrogada cada 15 días por el gobernador del bastión del HDP, que está bajo administración fiduciaria, debido a supuestos "problemas de seguridad". Esto significa que los aproximadamente 1,2 millones de habitantes no pueden realizar ninguna actividad política, social o cultural.

Por primera vez, se prohibieron todas las reuniones públicas en Van el 21 de noviembre de 2016. En la práctica, sin embargo, la medida solo se aplica a la oposición democrática y a las organizaciones kurdas, pero no a los islamistas ni a los partidarios del AKP. Desde la destitución de los co-alcaldes del HDP en 2019, la ciudad ha sido administrada por un síndico nombrado por el gobierno. Las prohibiciones de reuniones y la militarización extrema de la región pretenden cortar de raíz cualquier movimiento opositor.

Numerosas demandas han sido desestimadas

El Colegio de Abogados de Van ha recurrido esta práctica de prohibición ante el Tribunal Administrativo en 15 ocasiones hasta la fecha. La última demanda se presentó en marzo. Los abogados basan sus quejas en que la prohibición general de manifestaciones, concentraciones, puestos de información, emisión de comunicados de prensa y actividades similares en espacios públicos viola tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) como la Constitución turca. Todas las denuncias al respecto han sido desestimadas hasta ahora.