Se retiran carteles con los nombres de Seyit Riza y sus compañeros de armas en Dersim

Incluso 84 años después de la ejecución de Seyit Riza y sus compañeros de armas, el Estado turco parece seguir viendo una amenaza para su seguridad en ellos.

El 15 de noviembre de 1937, el líder espiritual y tribal de la resistencia en la región kurda aleví de Dersim, Seyit Riza, junto a su hijo Resik Ûşen y otros cinco compañeros de armas, Wusênê Seydi, Aliye Mirzê Sili, Hesen Ağa, Fındık Ağa y Hesenê Ivraimê, fueron ejecutados por el Estado turco en la provincia de Elazığ. La búsqueda de sus tumbas ha sido infructuosa hasta el día de hoy, en tanto que Turquía las consideran un secreto de Estado. Sin embargo, la demanda colectiva de la sociedad aleví-kurda para que se revele el lugar de enterramiento de Seyit Riza, también conocido como Pîr Sey Rizo o Seyîd Riza en kurmancî, es omnipresente. Especialmente en Dersim, donde se perpetró un genocidio en 1937 y 1938 que se cobró la vida de más de 70.000 personas.

La Plataforma por el Trabajo y la Democracia, con sede en Dersim, aprovechó la proximidad del aniversario de la ejecución de Seyit Riza y sus compañeros de armas para llevar al espacio público el deseo de que se anuncie el lugar de enterramiento de sus huesos con una acción. Para ello, pegaron carteles en varias vallas publicitarias en los que, además de los nombres de los ejecutados, se podía leer: “¡Anuncien los lugares de enterramiento!”. Al parecer, esta legítima preocupación hizo saltar las alarmas entre las autoridades de seguridad turcas, ya que la Fiscalía hizo retirar inmediatamente los carteles por la policía. No se ha dado ninguna razón para ello.

Entre la población, la acción oficial fue recibida con incomprensión y provocó distintas reacciones. La Plataforma por el Trabajo y la Democracia también se ha mostrado consternada y ha condenado la retirada de los carteles. La acción era legalmente legítima. Por lo tanto, no había base legal para su retirada, dijo en una declaración inicial. La iniciativa se reserva el derecho de emprender acciones legales contra la fiscalía.