La libertad en Internet siguió disminuyendo por tercer año consecutivo en Turquía, según un nuevo informe publicado por Freedom House.

Durante el periodo de cobertura, cientos de sitios web fueron bloqueados, en algunos casos en virtud de una nueva ley de medios sociales, añadió el informe. Los contenidos en línea considerados críticos con el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) o con el presidente Recep Tayyip Erdoğan fueron eliminados de los sitios web y de las plataformas de medios sociales, y los activistas en línea, los periodistas y los usuarios de los medios sociales fueron acosados tanto físicamente como en línea por sus publicaciones en los medios sociales.

El informe continúa: "Las autoridades detuvieron a los usuarios de la plataforma en línea Clubhouse en respuesta a la resistencia liderada por los estudiantes en la Universidad de Boğaziçi, atacaron a los activistas LGBT+ en línea y detuvieron a un destacado funcionario del partido de la oposición por presuntos insultos al presidente. Se abrieron causas penales contra quienes publicaron comentarios indeseables en las redes sociales, y la amenaza de vigilancia en línea, acoso y sanciones penales ha contribuido a la creciente práctica de la autocensura entre los usuarios de Internet en Turquía. La proliferación de leyes restrictivas ha formalizado aún más la censura en el país".

El informe añade: "El AKP del presidente Erdoğan gobierna Turquía desde 2002 y, tras aprobar inicialmente algunas reformas liberalizadoras, ha mostrado un creciente desprecio por los derechos políticos y las libertades civiles. El gobierno del AKP ha llevado a cabo una dramática y amplia represión de los opositores percibidos desde un intento de golpe de Estado en 2016. Los cambios constitucionales aprobados en 2017 concentraron el poder en manos del presidente. Aunque Erdoğan sigue ejerciendo un enorme poder en la política turca, las victorias de la oposición en las elecciones municipales de 2019 y el impacto de la pandemia del COVID-19 en la ya tambaleante economía han dado al gobierno nuevos incentivos para reprimir la disidencia y limitar el discurso público."