El fotoperiodista Bülent Kılıç; el fotoperiodista del Municipio Metropolitano de Estambul Kurtuluş Arı; el reportero de AFP Yasin Akgül; el reportero de NOW TV Ali Onur Tosun; el columnista de BirGün Barış İnce; la corresponsal de Sendika.org Zişan Gür; y los periodistas Zeynep Kuray y Hayri Tunç han sido detenidos en relación a las manifestaciones que azotan Turquía y el Kurdistán en protesta por los constantes golpes a la democracia.

Según informes iniciales, las detenciones se llevaron a cabo por presunto incumplimiento de la Ley N° 2911, por “Oposición a la Ley de Reuniones y Manifestaciones”.

Los periodistas detenidos han sido conducidos a la Dirección Provincial de Seguridad.

Pérdida del estado de derecho en la República turca

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de “terrorismo”, un término indefinido, por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Recientemente, además, el Parlamento turco aprobó una nueva ley, la Ley contra la Desinformación, que da total libertad al gobierno para incriminar a los trabajadores de la prensa y a los medios de comunicación, así como a la ciudadanía, por lo que consideren “falso”. Un concepto que, como el de “terrorismo”, queda vacío para la libre interpretación de las autoridades turcas, lo que les permite silenciar y encarcelar cualquier tipo de oposición.

El gobierno turco está constantemente destituyendo a cargos electos y sustituyéndolos por fideicomisarios afines al régimen de Erdogan, lo que contraviene todos los principios democráticos. En lugar de sustituir a los cargos destituidos por los segundos en su lista, los cargos son arrebatados a los partidos que salieron victoriosos en elecciones y entregados al gobierno central.

Por si fuera poco, todo esto llega en un momento en que desde el propio gobierno se habían hecho declaraciones y dado pasos para establecer un proceso de paz de cara a resolver la cuestión kurda, uno de las principales conflictos en Turquía y el Kurdistán Norte de cara al establecimiento de una convivencia pacífica. El líder popular kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado en un régimen de aislamiento agravado al margen de toda legalidad desde 1999, según el que no puede reunirse ni comunicarse ni con sus familiares ni tan siquiera con sus abogados, acogió de buen grado estos pasos e hizo una declaración histórica. Sin embargo, desde entonces el gobierno turco no ha dado ni un solo paso en la consecución de una solución, abogando sin embargo por continuar con golpes políticos contra la democracia y ataques de invasión en otras zonas del Kurdistán como en Siria o Irak.

Todo esto parece estar llegando a un punto de no retorno entre la población, que ha vuelto a tomar las calles en manifestaciones multitudinarias.

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