El Consejo de Estado de la República de Turquía considera válida la retirada del país del Convenio de Estambul. En septiembre, un grupo de jueces desestimó por unanimidad por infundados los recursos interpuestos por numerosas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Los demandantes habían impugnado un decreto presidencial en el que se basa la retirada del convenio internacional de protección de las mujeres. La Presidencia de las Cámaras de lo Contencioso-Administrativo, que actúa como órgano de apelación en el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo (Consejo de Estado) de Ankara, confirmó la retirada del convenio.

El Convenio de Estambul es un tratado firmado por el Consejo de Europa en 2011, que entró en vigor en 2014 y es la primera herramienta jurídicamente vinculante a nivel europeo para proteger a mujeres, niñas y LGBTI+ contra cualquier forma de violencia. El acuerdo consagra el derecho humano a una vida libre de violencia, define medidas de igualdad y reclama recursos financieros para la protección y prevención de la violencia.

Las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer en Turquía se han levantado en armas contra la decisión del Consejo de Estado y han anunciado protestas. El Consejo de Mujeres del HDP declaró: "El Convenio de Estambul fue conquistado por las mujeres y nos pertenece. La recuperaremos luchando".

Recep Tayyip Erdoğan anunció la retirada de la convención en marzo de 2021 sin implicar al Parlamento turco. Con ello, complació a los círculos conservadores e islamistas, según los cuales el acuerdo destruiría las estructuras familiares tradicionales y normalizaría la homosexualidad.

Erdoğan basó la retirada en un decreto que autoriza al presidente a anular tratados internacionales saltándose al Parlamento. Tras su reelección en 2018, el líder del AKP promulgó toda una serie de decretos que otorgaban al presidente amplios poderes en detrimento del sistema parlamentario. La retirada del Convenio de Estambul entró en vigor el 1 de julio de 2021, a pesar de las numerosas protestas.

Los expertos consideran que este planteamiento es inconstitucional, ya que violaría el principio de separación de poderes. El Presidente no tiene autoridad para revocar sin más la validez de un tratado ratificado por el Parlamento, ya que los acuerdos internacionales tienen rango constitucional en Turquía.

ONG, partidos políticos, asociaciones y particulares impugnaron el decreto presidencial de Erdoğan y la retirada del Convenio de Estambul ante el Consejo de Estado. Entre los demandantes estaban el presidente del HDP, Pervin Buldan, la Unión de Médicos Turcos (TTB), la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Derechos (EŞİK) y el Colegio de Abogados de Diyarbakır (ku. Amed). Con la desestimación de las impugnaciones, la rescisión del acuerdo es definitiva. Sólo si el Consejo de Estado considera que el decreto es inconstitucional podría cuestionarse la decisión. Para ello, sin embargo, tendría que ser independiente de Erdoğan. Las organizaciones de la sociedad civil siguen queriendo presentar recursos de inconstitucionalidad. Si se agota la vía judicial turca, también se pueden presentar denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).