El secuestro de los jóvenes por parte de policías corruptos que trabajaban con una violenta banda de narcotraficantes provocó una ola de indignación internacional y a una condena generalizada de la administración del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Una portavoz de la Fiscalí General de la República confirmó que en Guerrero se están llevando a cabo nuevas investigaciones.

El sucesor de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo en diciembre, comprometiéndose a reabrir el caso. Su gobierno ha calificado de "desacreditada" la investigación original del crimen y ha prometido ir tras los funcionarios que la dirigieron.

Angela Buitrago, una consultora nombrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está ayudando a supervisar la nueva investigación, dijo que también era importante investigar a los oficiales militares que estuvieron presentes en Iguala hace cinco años.

Según el relato de la administración de Peña Nieto, la banda local de narcotraficantes Guerreros Unidos confundió a los estudiantes con miembros de un grupo rival, los mató, incineró sus cuerpos en un basurero cercano y arrojó sus restos a un río.

Sin embargo, solo los restos de un de los 43 asesinados fueron identificados de forma concluyente, y un grupo de expertos independientes detectó más tarde varios agujeros en la versión oficial de los hechos.

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo en un informe del año pasado que parecía que las autoridades mexicanas habían torturado a docenas de personas durante la investigación. De los 142 sospechosos detenidos en la causa, más de la mitad han sido puestos en libertad.