La Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), sección de Estambul, compartió las conclusiones de su informe, que abarca el período de enero a junio de 2025. El informe documenta violaciones sistemáticas de derechos en las cárceles de la región del Mármara, incluyendo aislamiento prolongado, registros corporales al desnudo, negación del derecho a la atención médica, sanciones disciplinarias arbitrarias y obstrucciones a la liberación por motivos políticos.

El informe indica que las administraciones penitenciarias bloquearon la liberación condicional de 93 presos por motivos arbitrarios como la "falta de remordimiento" y la "no desvinculación de la organización". Esto se traduce en que el Estado turco impide la puesta en libertad de numerosos presos y presas una vez transcurrido el tiempo estipulado por la ley por el hecho de que se niegan a reconocer la criminalización que genera el propio Estado turco contra las diferentes formas de libertad de expresión y pensamiento, a las que tilda de "terroristas". Se observó que estas prácticas se han vuelto sistemáticas en centros penitenciarios como los de Bolu, Tekirdağ y Bakırköy.

El informe también destaca que actualmente hay 47 presos gravemente enfermos en la región. A pesar de haber recibido informes médicos forenses que indicaban que no eran aptos para permanecer en prisión, algunos no han sido liberados. Un ejemplo citado fue el de un preso de 85 años y otro con ambos brazos amputados.

Registros corporales, exámenes con esposas y obstrucción de comunicaciones

El informe documenta la imposición de registros corporales y exámenes médicos con esposas a los presos en las cárceles de Çorlu y Gebze. También señala la retención de publicaciones en kurdo y de la oposición, la restricción de los derechos sociales y la obstrucción de la comunicación.

Llamado de Abdullah Öcalan

En la sección final del informe, la ÖHD recuerda el llamamiento de Abdullah Öcalan del 27 de febrero de 2025 a la paz y a una sociedad democrática, enfatizando que el levantamiento del aislamiento impuesto en la prisión de Imrali es crucial para lograr la paz social. El informe concluye enfatizando la urgente necesidad de reformas integrales basadas en los derechos humanos, tanto en el sistema penitenciario como en las instituciones estatales en general.