Las autoridades turcas deben llevar a cabo investigaciones rápidas, independientes, imparciales y efectivas sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las protestas masivas de marzo de 2025, algunas de las cuales podrían constituir tortura, afirmó Amnistía Internacional en las conclusiones de una nueva investigación. 

“No puedo respirar”: Las denuncias de tortura y otros malos tratos durante las protestas de marzo en Turquía, documentan la violencia policial durante y después de las protestas mayoritariamente pacíficas en todo el país que estallaron tras la detención de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y candidato presidencial del opositor Partido Republicano de los Pueblos (CHP), y otras 91 personas el 19 de marzo de 2025. 

"Nuestros hallazgos revelan pruebas contundentes del uso frecuente de fuerza ilícita por parte de agentes del orden contra manifestantes pacíficos en ciudades de toda Turquía. Las autoridades emplearon gas lacrimógeno, gas pimienta, proyectiles de impacto cinético y cañones de agua contra personas que simplemente ejercían sus derechos", declaró Esther Major, directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional en Europa. 

El informe también detalló: "Las violaciones documentadas constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, podrían constituir tortura. Estos actos de violencia deben investigarse con prontitud y los responsables deben comparecer ante la justicia en juicios justos. 

Los manifestantes pacíficos sufrieron numerosas lesiones e incluso hospitalizaciones. Según las autoridades, las fuerzas del orden detuvieron al menos a 1.879 personas, y más de 300 se encontraban en prisión preventiva a finales de marzo. Al menos ocho periodistas y cuatro abogados fueron imputados en virtud de la Ley de Reuniones y Manifestaciones, que penaliza la participación en concentraciones no autorizadas. Decenas de procesos judiciales, con cientos de personas siendo llevadas ante los tribunales, comenzaron en abril, y se esperan nuevas audiencias en los próximos meses."

Amnistía Internacional entrevistó a 17 manifestantes, así como a varios abogados, de esto AI destacó que: "nuestro Laboratorio de Pruebas verificó decenas de videos que documentan cómo los manifestantes fueron golpeados, pateados y arrastrados por el suelo por agentes del orden, incluso cuando se dispersaban, no oponían resistencia o ya estaban inmovilizados. Los investigadores de la organización también obtuvieron y revisaron documentos judiciales, informes de consultas médicas y denuncias penales de los manifestantes, en los que se registraron detalles de las denuncias de malos tratos y lesiones, corroborando así los relatos de las personas entrevistadas.

Los manifestantes fueron atacados con cañones de agua, gases lacrimógenos y proyectiles de impacto cinético por parte de la policía, a menudo a muy corta distancia, dirigidos directamente a la cabeza y la parte superior del cuerpo, en violación del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Los agentes utilizaron gas pimienta dirigido a los rostros de las personas, a menudo desde una distancia inferior a un metro, causando ardor, dolor e inflamación. 

Las advertencias policiales previas a la dispersión incumplieron sistemáticamente los estándares exigidos por el derecho nacional e internacional, y no se concedió tiempo ni espacio suficientes a los participantes para que abandonaran las protestas de forma segura y voluntaria. Casi todas las personas entrevistadas declararon a Amnistía Internacional que no habían oído los anuncios de dispersión de la policía por megafonía ni que se hubiera desplegado la fuerza inmediatamente después de la advertencia.  

Una persona contó a Amnistía Internacional cómo, en una manifestación en Estambul el 23 de marzo, tras una orden policial de dispersarse, no se dio tiempo a la gente antes del uso inmediato de gas pimienta y proyectiles de impacto cinético. Describió cómo muchas personas que intentaban huir cayeron unas sobre otras como fichas de dominó, y que la policía siguió usando gas pimienta y golpeando a la gente cuando estaban en el suelo."

En su declaración le dijo además a Amnistía Internacional: “Todos a mi alrededor gritaban ‘¡No puedo respirar!’… Todos estaban uno encima del otro como una pirámide humana de unas 30 personas”.

El 23 de marzo, un hombre en la plaza Saraçhane de Estambul recibió un impacto en el ojo causado por un proyectil de impacto cinético. Como resultado, se sometió a una vitrectomía, un procedimiento para extirpar el humor vítreo del ojo, y desde entonces le han dicho que podría no recuperar completamente la visión de ese ojo. A otro manifestante en Ankara le aplastaron el pie con un cañón de agua. 

Una estudiante de 27 años que participó en una protesta en Estambul el 22 de marzo contó a Amnistía Internacional a través de su abogado: "Me dieron tantas patadas que no podía caminar bien. Me caía constantemente. Me arrastraron mientras estaba de rodillas. Pensé que me moría". 

Otro hombre que asistió a una manifestación en Estambul el 23 de marzo contó a Amnistía Internacional: "Unos seis o siete policías antidisturbios me pateaban y me daban puñetazos, incluso en la cara y la cabeza. Uno de ellos me dio una patada voladora en el pecho. Se me aflojaron algunos dientes por la paliza. Mientras me golpeaban, me gritaban insultos".

Otras personas también denunciaron amenazas de violencia, incluida violencia sexual. El estudiante Eren Üner fue detenido en su domicilio y golpeado por la policía en Estambul el 24 de marzo, tras compartir en redes sociales publicaciones de agentes que se jactaban de los malos tratos a los manifestantes. Üner describió cómo los agentes que lo detuvieron le dijeron: "Te meteremos por la puerta trasera del autobús antidisturbios y tu cadáver saldrá por la puerta principal". También declaró a Amnistía Internacional: "Los altos mandos dijeron que me clavarían una porra y pidieron una a los demás agentes. Pero no sucedió". 

“De nuestros hallazgos se desprende claramente que lo que ocurrió en Turquía durante estas protestas mayoritariamente pacíficas en marzo fue un ataque flagrante a los derechos de las personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, dijo Esther Major y agregó finalmente: 

"Los casos de uso innecesario de la fuerza no fueron aislados, sino que parecen reflejar un patrón de ataques sistemáticos por parte de las fuerzas del orden contra personas que protestaban pacíficamente, se mantenían al margen o intentaban dispersarse. Estas violaciones son las últimas de una atroz y continua represión contra las expresiones de disidencia pacífica. Exigimos a las autoridades turcas que garanticen que se investiguen, que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparación por el daño sufrido". 

Contexto  

En virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación legal de respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica de quienes deseen reunirse. Toda restricción al derecho de reunión pacífica debe estar prescrita por ley, perseguir un fin legítimo y ser necesaria y proporcionada a dicho fin. Las prohibiciones generales de las protestas se presumen desproporcionadas, y las restricciones impuestas a las reuniones deben basarse en una evaluación individualizada por parte de las autoridades de la conducta de cada participante o de una reunión en particular. Todo uso de la fuerza por parte de los agentes del orden debe ser estrictamente necesario y proporcionado, y solo se podrá emplear la fuerza mínima necesaria. Quienes empleen fuerza ilícita deben rendir cuentas. 

Ekrem İmamoğlu fue puesto en prisión preventiva el 23 de marzo, el mismo día en que su partido lo nominó como principal candidato de la oposición para las próximas elecciones presidenciales, tras unas primarias simbólicas en las que participaron más de 15 millones de personas. Fue destituido de su cargo junto con los alcaldes de los distritos de Şişli y Beylikdüzü, quienes también enfrentan cargos. A principios de junio, se produjeron cuatro nuevas oleadas de detenciones, con decenas de representantes electos, empleados de la Municipalidad Metropolitana de Estambul y ciudadanos de los distritos municipales detenidos.