El "Llamado a la paz y una sociedad democrática" realizado por el líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan el 27 de febrero reabrió las conversaciones en Turquía sobre la reactivación del estancado proceso de resolución democrática. Si bien Öcalan instó a su organización a deponer las armas, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) acató el llamamiento y anunció su decisión de poner fin a la lucha armada tras su XII congreso, convocado a raíz del llamado de Öcalan. A medida que avanzaba el proceso, la población instó repetidamente al Estado a tomar medidas concretas, mientras que el último paquete de reforma judicial generó críticas de numerosos sectores de la sociedad. Se espera que se adopten medidas restaurativas y legales, con énfasis en el derecho a la esperanza y la reforma constitucional como los primeros temas que requieren un cambio.

Muhittin Muğuç, co-presidente de la sección de Diyarbakır de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), enfatizó que este proceso tiene profundas dimensiones no solo políticas, sino también jurídicas. Al llamar especialmente la atención sobre la situación de los presos condenados a cadena perpetua agravada, Muğuç afirmó: “No se trata simplemente de la condición de un individuo; es una cuestión estructural que revela el enfoque de Turquía hacia la ley, la justicia y los derechos humanos”.

Muğuç señaló que el "derecho a la esperanza" es un concepto definido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con la pena de muerte y la cadena perpetua agravada. El TEDH ha dictaminado que, en los países donde se ha abolido la pena de muerte, sustituirla por la cadena perpetua agravada también es contrario a la dignidad humana. En este contexto, el tribunal afirma que las personas encarceladas deben tener la esperanza de ser liberadas algún día.

“La vida humana es sagrada. Una condena impuesta a una persona no solo la afecta a ella, sino también a su familia, su comunidad y al tejido social en general”, declaró Muğuç, y añadió que el TEDH basa su principio en esta idea y evalúa el derecho a la esperanza en consecuencia.

Se viola un derecho humanitario.

La pena de muerte impuesta al líder popular kurdo Abdullah Öcalan en 1999 fue conmutada por cadena perpetua agravada tras el proceso de armonización de Turquía con la Unión Europea después de 2002. Sin embargo, este tipo de pena exige que el preso permanezca en prisión de por vida sin posibilidad de liberación. Al describir esto como una clara violación de los derechos humanos, Muğuç declaró: “La situación del Sr. Öcalan es simbólica. Sin embargo, no se limita solo a él. Esto aplica a todos los presos y presas condenados a cadena perpetua agravada. Cada día que se pasa en prisión en estas condiciones es un día en el que se viola el derecho a la esperanza”.

Muğuç señaló que, en el marco de la sentencia del TEDH en el caso Özkan Ekinci, Turquía tiene un plazo hasta septiembre de 2025. Durante este período, Turquía debe modificar su legislación sobre la ejecución de sentencias de conformidad con la jurisprudencia del TEDH.

Si esta decisión no se implementa, las relaciones de Turquía con los mecanismos jurídicos internacionales se verán perjudicadas, afirmó Muğuç, y añadió que el proceso de seguimiento del Comité de Ministros sigue en curso. "Esto no es solo un derecho individual; también afecta al estatus internacional de Turquía, como su pertenencia al Consejo de Europa. El incumplimiento de las sentencias del TEDH puede incluso llevar a la suspensión de la membresía", advirtió el abogado.

La cuestión kurda es un asunto legal.

Muhittin Muğuç subrayó que en Turquía, los kurdos solo pueden acceder a derechos bajo la identidad "turca", calificando esta situación de "negación constitucional". Afirmó que la solución reside en reconocer la democracia y el Estado de derecho, y añadió: “Si no se establece una definición legal en este proceso, no se desarrollará la política democrática ni se logrará la paz social. El pueblo kurdo no se ve representado en esta Constitución. Las prácticas contra los presos procesados bajo la Ley Antiterrorista (TMK) son extremadamente duras y discriminatorias. Es necesaria una reforma integral de la ley de ejecución de sentencias para hacer efectivo el derecho a la esperanza. Esto aplica no solo a Abdullah Öcalan, sino también a muchos presos y presas. Si no se abordan las desigualdades en dicha ley, el derecho a la esperanza no podrá ser plenamente efectivo”.

Muğuç enfatizó que el derecho a la esperanza es un umbral crítico para evaluar la sinceridad del proceso de resolución democrática. Subrayando que el reconocimiento de este derecho no es una necesidad política, sino humanitaria y legal, concluyó: “El derecho a la esperanza es la prueba de fuego de este proceso. Si se desea una verdadera resolución, este derecho debe implementarse y debe modificarse la normativa sobre la ejecución penal. El derecho a la esperanza concierne no solo a las personas en prisión, sino a la conciencia colectiva de toda la sociedad”.