Tras una guerra de 12 días y un alto el fuego declarado el 24 de junio, se ha llevado a cabo una brutal represión bajo el pretexto de colaboración con Israel o de espionaje.

Situaciones similares ocurrieron después de las protestas de 2018 y 2019, así como durante el levantamiento "Jin, Jiyan, Azadî" en 2022.

Según organizaciones de la sociedad civil, el Estado ha volcado su afán de venganza y control hacia el interior, atacando a su propio pueblo tras los ataques israelíes. El régimen, que aún se mantiene en pie, se ha centrado especialmente en las minorías étnicas y los grupos de oposición.

Según Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, figuras de la oposición, críticos en redes sociales, kurdos, baluchis, bahá'ís y refugiados afganos están siendo atacados. Estos grupos son constantemente utilizados como chivos expiatorios después de cada incidente grave.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil denuncian que ya nadie está a salvo. Todos son considerados sospechosos ante las fuerzas de seguridad.

Poseer un dron en miniatura, utilizar la aplicación de mensajería WhatsApp o suscribirse al servicio de Internet Starlink puede conllevar penas de prisión.

Grupos de la sociedad civil denuncian que cientos de personas han sido arrestadas desde el inicio del conflicto entre Israel e Irán. Quienes son acusados ​​de espionaje enfrentan juicios rápidos, penas de prisión e incluso la pena de muerte.

El 29 de junio, el Parlamento iraní aprobó una ley que aumenta las penas para los delitos de espionaje o colaboración con Israel, Estados Unidos u otros estados "enemigos".

Acusaciones vagas como "corrupción" o "enemistad contra Dios" pueden resultar en condenas a muerte tras juicios injustos. Desde los ataques iniciales de Israel el 13 de junio, se ha informado de que muchas personas han sido ejecutadas en la horca. Organizaciones de la sociedad civil han criticado desde hace tiempo el uso de la pena de muerte por parte de Irán como herramienta fundamental de represión.

La Red de Derechos Humanos del Kurdistán y la Asociación de Derechos Humanos del Kurdistán informaron que, tan solo el 1 y el 2 de julio, al menos nueve personas fueron detenidas en el Kurdistán Oriental. Estos arrestos se realizaron sin orden judicial. Entre los detenidos en Bokan, Meriwan, Sine (Sanandaj) y Urmia se encuentran un cineasta y escritor, un artista y un agricultor de 62 años. Se desconocen los cargos contra ellos.

Durante la guerra de 12 días, los medios de comunicación iraníes informaron que más de 700 personas fueron arrestadas, especialmente en las provincias de Kermanshah, Lorestán, Isfahán y Fars. Se cree que la cifra real es mucho mayor.

Al día siguiente del fin de la guerra con Israel, Irán también intensificó la deportación de ciudadanos afganos. Desde junio, más de 256.000 migrantes indocumentados, entre ellos mujeres y niños, han sido deportados. Esto indica un nuevo punto álgido en la política de deportaciones masivas de Teherán.