El diputado del Partido Demócrata, Newroz Uysal Aslan, ha publicado un informe detallado que documenta graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en la prisión de alta seguridad de tipo F de Bolu. El informe describe numerosas vulneraciones de los derechos fundamentales de los presos políticos, desde la atención médica hasta la libertad de expresión, y exige a la Gran Asamblea Nacional Turca que responda con urgencia.

Basado en las observaciones y comentarios recopilados durante las últimas tres semanas, el informe contiene lo que Uysal Aslan describe como evidencia "alarmante" de deficiencias estructurales en el sistema penitenciario. El diputado exige el cese inmediato de estas prácticas y una investigación independiente por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.

Acceso restringido a la atención médica

La situación de los reclusos enfermos es especialmente preocupante. Según el informe, muchos no son trasladados a hospitales o sufren condiciones degradantes durante las visitas médicas, como estar encadenados o bajo vigilancia armada, lo que lleva a algunos a renunciar por completo al tratamiento. Para los reclusos gravemente enfermos, esto podría poner en peligro su vida.

Supresión de la lengua kurda

Otra gran preocupación es el trato que reciben los presos de habla kurda. Según informes, se les retienen cartas escritas en su lengua materna con el argumento de que el personal penitenciario no las entiende. Supuestamente, la administración exige a los presos que paguen ellos mismos los servicios de traducción. Esto se considera una clara violación del derecho a comunicarse en la lengua materna y parte de una política de asimilación represiva más amplia.

Censura de libros, periódicos y notas personales

Los reclusos tienen un límite de tres libros, y publicaciones críticas como Özgür Politika, Ronahî y Demokratik Modernite son confiscadas con frecuencia. Incluso se han reportado incautaciones de cuadernos y calendarios personales, un acto que Uysal Aslan describe como un ataque directo a la libertad de expresión e información dentro del sistema penitenciario.

Interferencia con el "derecho a la defensa jurídica"

El informe también destaca las preocupantes restricciones al derecho de los presos a comunicarse con sus abogados y parlamentarios. Con frecuencia se retienen cartas bajo el vago argumento de que pueden causar indignación pública. Esto, argumenta el parlamentario, no solo perjudica la defensa legal, sino que también vulnera el derecho del público a estar informado.

La "buena conducta" utilizada como herramienta de coerción

El informe señala que las evaluaciones de "buena conducta" —un requisito para la liberación anticipada— se utilizan cada vez más de forma arbitraria para presionar a los reclusos. Se alegan creencias o asociaciones políticas dentro de la prisión como motivos para denegar reducciones de pena. Las juntas disciplinarias están asumiendo, en la práctica, facultades judiciales, mientras que las apelaciones contra sus decisiones se desestiman sistemáticamente sin justificación adecuada.

Llamado al Parlamento

Uysal Aslan insta al parlamento, en particular a la Comisión de Derechos Humanos, a tomar medidas inmediatas. Exige:

Acceso sin restricciones a la atención sanitaria para los presos enfermos,

El fin de todas las formas de discriminación contra la lengua kurda,

Levantamiento de la censura sobre publicaciones y correspondencia,

Y supervisión legal completa de los procedimientos disciplinarios y de libertad condicional.

“Exigimos prácticas penitenciarias que respeten la dignidad humana”, declaró el diputado y agreo que “la justicia no debe reducirse a la venganza; debe basarse en la sanación y la restauración. La prisión tipo F de Bolu es solo un ejemplo. Pero la lucha por la justicia continuará hasta que el sistema realmente cambie”.