La CAMPACC (Campaña contra la Criminalización de las Comunidades) ha publicado un informe en el marco de los veinte años de la Ley de Terrorismo de 2000 del Reino Unido, una ley que ha sido complementada con muchas otras leyes “antiterroristas”. Éstas han modificado profundamente el sistema judicial penal del Reino Unido de muchas maneras injustas, siendo reseñable:

• Ampliación de los poderes policiales draconianos

• Legitimación del castigo generalizado sin un juicio justo

• Introducción de pruebas secretas

• Criminalización de una amplia gama de actividades no violentas

• Criminalización de las organizaciones de liberación nacional

• Poner bajo vigilancia a las comunidades migrantes y musulmanas

• Aumentar los poderes ejecutivos de castigo sin juicio

Estos poderes antiterroristas están tan arraigados y normalizados que rara vez se cuestionan. Sus injusticias protegen y amplían muchas funciones opresivas del Estado británico: sus guerras en el extranjero, su apoyo al terrorismo de Estado, su apoyo a los regímenes opresivos, su política del miedo, su política interna de lucha contra el extremismo, sus poderes especiales de emergencia, su ataque a las normas anteriores de la justicia penal, su creciente aparato de vigilancia y la criminalización de las distintas comunidades.

Este breve informe sólo puede destacar algunas injusticias y la resistencia colectiva a las mismas.

El informe puede encontrarse íntegro aquí.

*Fotografía: Mark Thomas