Desde la destitución de la alcaldesa electa de Êlih (Batman), Gülistan Sönük (Partido DEM), en noviembre pasado, las denuncias de intimidación, presión laboral y acoso selectivo contra empleados, especialmente mujeres, han ido en aumento, según fuentes sindicales.

Se ha revelado que la socióloga Rojin Akat, trabajadora social de la Oficina de Asuntos de la Mujer y la Familia, sufrió una crisis nerviosa durante el trabajo hace unas dos semanas. Según sus compañeros, tuvieron que llamar a una ambulancia. Ese mismo día, Akat presentó una denuncia penal ante la policía por abuso de poder contra su supervisora, Esen Tunç.

En su denuncia escrita, Akat describió en detalle las condiciones en la oficina. A pesar de sus cualificaciones, la obligaron a realizar servicios de té, tareas privadas para sus superiores y la presionaron para espiar a sus compañeros y compañeras. Cuando se negó, sufrió insultos y una fuerte presión psicológica.

El sindicato Genel-Iş confirmó que estos incidentes no son aislados. "Desde el nombramiento del fideicomisario, hemos observado prácticas autoritarias, arbitrarias y, a menudo, ilegales en casi todos los departamentos de la administración municipal", declaró Narin Erol, co-presidente de la sección local de Genel-Iş en Êlih. Los empleados son amenazados con traslado, despido o acoso en cuanto expresan críticas o se niegan a seguir instrucciones privadas.

Según Erol, el ámbito de la política de mujeres se ve particularmente afectado. "Hay numerosos informes de humillación, intimidación, prohibición de visitas al lugar de trabajo y amenazas o inicio de procedimientos disciplinarios contra empleados indeseables", afirmó.

Otro problema es la insuficiencia de servicios básicos en algunas instalaciones municipales: "En zonas como el departamento de parques públicos o la panadería municipal, faltan instalaciones sanitarias o agua potable. Los empleados dependen de los residentes locales y están sujetos a medidas disciplinarias por ello", continuó Erol.

Represión sistemática contra empleados políticamente indeseables o marginados

El sindicato considera estos acontecimientos como una represión sistemática contra empleados políticamente indeseables o marginados. "En particular, las mujeres y las personas que no se ajustan a la línea política de la administración obligatoria están siendo excluidas y presionadas deliberadamente", explicó Erol.

Con regularidad se les pide a los empleados que renuncien, y la resistencia se enfrenta a represalias. "Agotamos todas las vías legales y seguimos divulgando las condiciones en Batman", declaró el representante sindical.