En Turquía, una directiva de Recep Tayyip Erdoğan para endurecer aún más la censura existente sobre la prensa y los medios de comunicación ha sido recibida con fuertes críticas. El Colegio de Abogados de Amed ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo Administrativo. El Presidente no tenía autoridad para tal orden y, por tanto, se excedió en sus poderes, dijo el Colegio de Abogados, añadiendo que la directiva falla principalmente porque afecta a los límites y la esencia de los derechos fundamentales y viola el principio de legalidad y la exigencia de certeza.
En la directiva, publicada en el Boletín Oficial durante el fin de semana, Erdoğan amenazó con "medidas necesarias" contra la publicación de contenidos en la prensa escrita, oral y visual que vayan en contra de los valores "morales y nacionales" del país. En particular, la directiva apuntaba al "efecto destructivo" de los programas de televisión y decía que debían eliminarse los formatos con contenido extranjero adaptados a Turquía. Añadió que es importante proteger la institución de la familia, los niños y los jóvenes. Las leyes pertinentes y la Constitución deben establecer precauciones contra las producciones que tienen un efecto "dañino" en la sociedad. Hay que proteger a los menores de los "mensajes que transmiten determinados símbolos". Las directrices no entran en detalles.
El Colegio de Abogados Amed dijo que la directiva no tenía base legal y que sin duda había problemas constitucionales. "El artículo 13 establece que los derechos y libertades fundamentales pueden restringirse, sin afectar a su esencia, sólo por las razones establecidas en las disposiciones pertinentes y sólo por ley". El Colegio de Abogados añadió que "la directiva debe ser retirada inmediatamente porque es contradictoria con la seguridad jurídica. Ésta se ha visto vulnerada, entre otras cosas, por el hecho de que las restricciones no han sido impuestas por una ley del Parlamento, sino por la promulgación de una directiva del Presidente".
La cámara continúa argumentando que el decreto "abrirá el camino a una injerencia desproporcionada" en los derechos y libertades de los ciudadanos. Es un ataque masivo a la libertad de prensa, la censura y las medidas restrictivas. "La disposición es completamente arbitraria. Pedimos al poder judicial que corrija esta medida inmediatamente", exige el Colegio de Abogados en su queja.