Un fotógrafo fue asesinado en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana el lunes, mientras que el mismo día, grupos de medios informaron que mataron a un reportero en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo, la semana pasada. 

El asediado cuerpo de prensa de México ha tenido un comienzo difícil para el nuevo año con el asesinato de dos periodistas que se atrevieron a registrar el deslizamiento de su país hacia la violencia inducida por las drogas y la corrupción.

El reportero Margarito Martínez era conocido por fotografiar escenas del crimen en la violenta Tijuana. Ha trabajado para el medio local Cadena Noticias, así como para otros medios de comunicación nacionales e internacionales. El fotógrafo fue asesinado a tiros frente a su casa en la ciudad norteña de Tijuana el lunes a la hora del almuerzo.

Ese mismo día, grupos de medios dijeron que un periodista mexicano crítico con las autoridades locales en el estado de Veracruz murió, tras ser encontrado gravemente herido. Se trata de José Luis Gamboa, quien era el gerente del sitio de noticias en línea Inforegio en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo. 

"Gamboa ha condenado y criticado fuertemente las relaciones entre las autoridades locales y el crimen organizado", aseguró el grupo de prensa Reporteros Sin Fronteras. Según los informes, recibió una puñalada en lo que podría haber sido un robo. Murió el 10 de enero en un hospital de la capital del estado, pero sus familiares no fueron notificados hasta el 14 de enero.

Martínez y Gamboa fueron los primeros dos periodistas asesinados este año, pero hasta diciembre de 2018, 48 periodistas han sido asesinados en México. México es uno de los lugares más peligrosos para los reporteros fuera de las zonas de guerra activa.

En diciembre, un alto funcionario de derechos humanos del gobierno indicó que el 90 por ciento de los crímenes contra activistas y periodistas en México quedan impunes.

El viceministro de Gobernación para los Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, agregó que casi la mitad de los casos en los que se identificaron delincuentes fueron autoridades locales. Éstas a menudo se enojan por los cargos de corrupción en su contra, pero en algunos casos también cooperan con intereses criminales o comerciales.

Encinas advirtió que se necesitan nuevas leyes para proteger a activistas y reporteros.