Los eurodiputados y eurodiputadas condenan la represión de los partidos políticos de oposición, en particular el Partido Democrático de los Pueblos HDP, e instan al gobierno turco a garantizar que todos los partidos puedan ejercer libre y plenamente sus actividades legítimas de conformidad con los principios básicos de un sistema pluralista y democrático.

En una resolución adoptada el jueves por 603 votos a favor, 2 en contra y 67 abstenciones, los eurodiputados condenan enérgicamente la acusación presentada por el fiscal general de Turquía en el Tribunal Constitucional que busca la disolución del Partido Democrático Popular HDP, el tercer partido político más grande de Turquía. el Parlamento turco y una prohibición política de casi 500 miembros del HDP. El caso contra el HDP es la culminación de una represión de años que ha visto juzgados a miles de miembros del partido, ejecutivos, diputados, concejales locales y co-alcaldes, principalmente por cargos relacionados con el terrorismo.

Permitir que el HDP participe sin obstáculos en las instituciones democráticas de Turquía es una forma sencilla de hacer que la sociedad turca sea más inclusiva y generar un impulso positivo hacia una solución pacífica del problema kurdo, dicen los eurodiputados.

Los eurodiputados y eurodiputadas también condenan la decisión tomada por las autoridades turcas de destituir de sus cargos a los co-alcaldes y co-alcaldesas elegidos democráticamente sobre la base de pruebas cuestionables y reemplazarlos por fideicomisarios no elegidos. Señalan las medidas políticas, legislativas y administrativas adoptadas por el gobierno turco para paralizar los municipios dirigidos por los alcaldes de los partidos de oposición en Estambul, Ankara e Izmir.

Estas acciones continúan socavando la capacidad de la oposición política para ejercer sus derechos y cumplir sus roles democráticos, advierten los eurodiputados, que piden a Turquía que garantice el pluralismo y el respeto de las libertades de asociación y expresión.

La resolución pide a la Delegación de la UE en Turquía que supervise la situación observando los juicios, incluido el "juicio de Kobane", haciendo declaraciones públicas y solicitando permiso para las visitas a las cárceles.

Los eurodiputados y eurodiputadas adviertieron que, además de las mejoras en las cuestiones de política exterior, el progreso en cualquier  agenda positiva  que pueda ofrecerse a Turquía debería depender de mejoras en la situación de los derechos civiles y humanos y el estado de derecho en el país, incluidos los derechos de las mujeres, como los garantizados por la Convención de Estambul, la libertad religiosa y los derechos de las minorías étnicas y la comunidad LGBTI.