Tom Porteous, subdirector del programa de Human Rights Watch, declaró: "Detener a los políticos de un partido que ganó casi el 12 por ciento de los votos en las elecciones generales de 2018 es parte de la política del gobierno turco de criminalizar la oposición política".

Porteous añadió: "Los últimos años proporcionan una amplia evidencia de que los tribunales de Turquía son demasiado rápidos para hacer la oferta del gobierno, y este es el último ejemplo".

HRW dijo: "La voluntad del gobierno turco de utilizar el encarcelamiento para restringir el derecho de asociación política y tomar medidas enérgicas contra un partido de la oposición es otro signo preocupante de la erosión de los derechos y del estado de derecho en Turquía".

La policía arrestó a los políticos y cargos el 25 de septiembre de 2020 en relación con la investigación de un fiscal de Ankara sobre su presunta participación en las protestas del sudeste de Turquía que se tornaron violentas y provocaron al menos 37 muertes.

Las protestas, que tuvieron lugar entre el 6 y el 8 de octubre de 2014, fueron una reacción a la política del gobierno turco en ese momento hacia el asedio de ISIS a la ciudad de Kobane.

La mayoría de las 20 personas acusadas en el presente caso eran miembros en activo del comité ejecutivo central del Partido Democrático de los Pueblos, el principal órgano de decisión del partido. 

HRW declaró: "La pena, si es condenado por intentar destruir la unidad del Estado (separatismo), es la cadena perpetua sin libertad condicional. Las pruebas que el fiscal ha presentado hasta ahora contra los 20 en la investigación penal en curso consisten en las publicaciones de redes sociales del partido en Twitter, en las que se pide a la gente que se sume a las manifestaciones de octubre de 2014".

Entre los detenidos se encuentra Ayhan Bilgen, el popular alcalde electo del Municipio de Kars en el este de Turquía, recordó HRW añadiendo: "Después de su detención, las autoridades anunciaron que había sido sustituido como alcalde por el gobernador de la provincia nombrado en Ankara, lo que forma parte de un patrón de gobierno, documentado por Human Rights Watch, de sustituir a los alcaldes elegidos democráticamente del Partido Democrático del Pueblo por sus propios candidatos no elegidos. Las nuevas órdenes de detención del gobierno son también un pretexto para que el gobierno tome otro municipio del Partido Democrático de los Pueblos.

De los 65 municipios que el partido ganó en las elecciones locales del 31 de marzo de 2019, el gobierno ha dejado sólo seis pequeños consejos locales controlados por el HDP. El fiscal también ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de siete parlamentarios del partido para permitir su enjuiciamiento en la misma investigación penal.

HRW terminó sus observaciones recordando que "Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, ex copresidentes del partido, que están detenidos desde noviembre de 2016, están detenidos en el ámbito de la misma investigación penal".

La organización añadió: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado que Turquía violó varios de los derechos de Selahattin Demirtas y que su detención constituye un abuso de poder por parte de las autoridades turcas. El tribunal concluyó: "Se ha establecido más allá de toda duda razonable que las prórrogas de la detención [de Demirtas] ... perseguían el objetivo ulterior predominante de sofocar el pluralismo y limitar la libertad de debate político, que es el núcleo del concepto de una sociedad democrática".