El informe señala que la situación ha ido más allá del umbral crítico y que el aislamiento debe cesar de inmediato.

La Asociación de Derechos Humanos (DHI), la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TIHV), la Asociación de Abogados por la Libertad (EMV) y la Asociación de Juristas Contemporáneos (CHD) han creado el Comité de Seguimiento para seguir la situación de los activistas en huelga de hambre que exigen el fin de aislamiento contra Abdullah Öcalan desde prisión.

Este Comité, ha preparado un informe titulado “La huelga de hambre en curso en el informe de evaluación y observación de las cárceles de Turquía", que ha presentado ante el Ministerio de Justicia.

El informe

El informe recuerda que el 8 de noviembre de 2018 la copresidente del DTK y parlamentaria del HDP por Hakkari, Leyla Güven, inició una huelga de hambre para exigir el fin del aislamiento.

Y apunta que tras 182 días de huelga de hambre, hay alrededor de 3.000 presos siguiendo la protesta en 92 prisiones.

El informe subraya que los políticos Sebahat Tuncel y Selma Irmak comenzaron una huelga de hambre el 15 de enero desde la cárcel, el diputados del HDP Dersim Dağ el 3 de marzo y los diputados Tayip Temel y Murat Sarısaç, el 8 de marzo.

El informe también recuerda a los 8 presos y activistas que acabaron con su vida en protesta por el aislamiento: “Uğur Şakar, Zülküf Gezen, Ayten Beçet, Zehra Sağlam, Medya Cinar, Yonca Fluent, Siraç Yüksek, Masum Pamay”.

La etapa alcanzada por las huelgas de hambre, dice el informe, es seria, y las organizaciones destacan la “necesidad de entrar en las cárceles con delegaciones independientes y médicos. Invitamos al poder político”, apunta el informe, “a ser responsable y acabar con el aislamiento en las cárceles”.

Registrados serios problemas de salud en las cárceles

El informe también señala que muchos presos sufren numerosos problemas de salud, entre ellos: “Pérdida de peso, debilidad, dificultad para caminar, úlceras en la boca y garganta, estreñimiento, diarrea, insomnio, visión borrosa, dolor de cabeza, problemas con la exposición a luz, alta sensibilidad a los olores y los sonido, espasmos musculares, ardor de estómago, inflamación de boca, gengivitis, picazón, visión borrosa, problemas de concentración y atención, problemas de equilibrio, coloración amarillenta de las pupilas, oscurecimiento del color de la orina, ardor al orinar, entumecimiento de manos y pies...”

El informe también enumera otros problemas, como la prohibición de recibir cartas y documentos, castigos disciplinarios, o carbonatos que no suministrados a los presos en 8 cárceles, entre otros.

Observaciones

El informe también incluye las siguientes observaciones sobre los presos en huelga de hambre:

* En muchas prisiones, los activistas en huelga de hambre tienen un seguimiento médico.

* Los presos en huelga de hambre están más allá del umbral crítico y sufren graves problemas de salud. Los controles de salud deben llevarse a cabo en la celda. En muchas prisiones, los compañeros de prisión y compañeros ayudan a los activistas en sus necesidades diarias.

* En muchas cárceles, también, no se analiza ni la sangre ni la temperatura de los activistas, lo que es un problema en una situación en la que deberían controlarse constantemente.

* Si bien el estado de salud de los activistas en huelga de hambre debe ser monitoreado diariamente, en muchas cárceles estos controles rara vez se realizan.

* Las vitaminas que necesitan los activistas en huelga de hambre tampoco se dan en muchas prisiones o se dan solo a veces.

* Los activistas en huelga de hambre que hablan de su resistencia, ya sea con abogados, familiares o con la prensa, son sujetos a castigos constantes. Sus conversaciones telefónicas con miembros de la familia se cortan regularmente y son acosados por los guardias de la prisión.

Estos problemas, subraya el informe, deben resolverse con urgencia y los principios de atención médica deben cumplirse para garantizar la salud de los presos en huelga de hambre.

Además, es necesario señalar a las autoridades penitenciarias cuando sean culpables de prácticas contrarias a la legislación y abrir las investigaciones judiciales y administrativas necesarias.