Con motivo del inicio de los «Días mundiales por la libertad de Öcalan», la «Campaña por la libertad de Abdullah Öcalan: Una solución política a la cuestión kurda» publicó un informe sobre las condiciones de la prisión de Imrali.

Según el informe, «los derechos legales de Öcalan están gravemente restringidos: solo ha recibido cinco visitas de abogados desde 2011 y cinco visitas familiares desde 2014. Su juicio fue condenado como injusto por grupos de derechos humanos y tribunales internacionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2005 que su juicio no era ni independiente ni imparcial.»

El informe añadía que «el aislamiento prolongado y la reclusión en régimen de aislamiento, ambas formas de tortura según el derecho internacional y según los Principios Mandela de la ONU, son habituales en İmralı. Los informes de que Öcalan fue envenenado en 2007 y maltratado en 2008 no dieron lugar a ninguna rendición de cuentas. Un laboratorio europeo confirmó la presencia de cromo y estroncio tóxicos en muestras de cabello.

En 2008, los abogados de Öcalan denunciaron que el personal penitenciario lo había arrastrado a una habitación contigua y tres personas lo habían obligado a tirarse al suelo mientras destrozaban su celda. Cuando protestó contra estas brutales medidas, fue amenazado explícitamente de muerte. Su condena a cadena perpetua sin libertad condicional reintroduce de hecho la pena de muerte en Turquía y desde entonces se ha aplicado a miles de personas. En las cárceles turcas mueren muchos presos en estado crítico, casi todos kurdos. El aislamiento es ahora la norma establecida, normalizada mediante decretos y sanciones disciplinarias que no están recogidas en la ley».

El informe subrayaba que «desde el secuestro de Öcalan, en 1999, se han presentado en Turquía numerosas solicitudes judiciales relativas a su aislamiento, pero ninguna ha prosperado. Las solicitudes de visitas de abogados y familiares se ignoran o deniegan sistemáticamente. Las sanciones disciplinarias han dado lugar a prohibiciones automáticas de las visitas, y las apelaciones se rechazan sistemáticamente. Desde 2021, el poder judicial no sólo ha rechazado todas las solicitudes, sino que también ha obstruido los procesos judiciales, haciendo que el sistema jurídico nacional sea ineficaz para Öcalan y sus asociados.

Basándose en estos hechos, la legislación nacional turca parece estar obstruyendo los derechos de Öcalan, utilizando los procesos legales para justificar su aislamiento y tortura. Según las decisiones del TEDH, los 25 años de encarcelamiento de Öcalan, que comenzó en 1999, se han producido en condiciones injustas consideradas tortura. El derecho internacional y la justicia exigen su liberación, ya que se le ha negado el derecho a la esperanza».