El gobernador Gerardo Morales logró aprobar la modificación en la carta magna —con el respaldo de radicales y peronistas—, que criminaliza la protesta social y favorece el avance privado sobre los territorios ancestrales, con el litio en la mira. Las comunidades originarias se movilizaron hacia la capital en el “Tercer Malón de la Paz”. Aquí sus testimonios sobre la amenaza que representa la reforma.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, logró aprobar de forma exprés su reforma constitucional, con apoyo unánime tanto de radicales como de peronistas y la renuncia de los convencionales del Frente de Izquierda. El pueblo jujeño rechazó la reforma constitucional porque refuerza el poder del gobernador, limita y criminaliza la protesta social y habilita el avance de la propiedad privada sobre territorios en disputa. Además, no existió un proceso democrático y participativo para modificar la nueva Carta Magna, ya que se hizo sobre un proyecto bajado desde la gobernación en septiembre pasado. La reforma se concretó en el marco de paros de gremios docentes y estatales, y el «Tercer Malón de la Paz» de las comunidades originarias que, desde el miércoles, bajaron desde las yungas, la puna y los salares con sus whipalas y esta mañana llegaron a la capital jujeña.

Morales, quien presidió la Convención Constituyente, logró la aprobación en general de la modificación de 66 de los 212 artículos de la carta magna provincial, que le da al gobierno provincial mayor discrecionalidad en el manejo de los bienes comunes, como el litio, ya declarado como «recurso estratégico». La rápida aprobación de la reforma, adelantándose a la agenda propuesta por el oficialismo, resulta otra estrategia política para frenar las movilizaciones. Luego de la primera semana de paro, Morales intentó detenerlas con la firma del decreto N°8464, publicado el viernes pasado, que multaba y criminalizaba la protesta social. El miércoles comunicó en conferencia de prensa la decisión de derogar la medida, cuyos objetivos están ahora en el nuevo texto constitucional, pero eso no cambió la actitud de protesta del pueblo jujeño.

La modificación —sin debate participativo ni acuerdo social más allá de la elección de los convencionales en las elecciones provinciales de mayo pasado— no sólo profundizará la desigualdad social y económica manifiesta, que beneficia a la clase política y empresarial, sino que también desconoce derechos básicos consagrados en la Constitución nacional. Por ejemplo, el desconocimiento del derecho a la tierra ancestral y las consultas previas e informadas, la criminalización de la protesta social —en el artículo que sostiene «la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación—, además del artículo 36 de «derecho a la propiedad privada», que vuelca a favor de las empresas cualquier conflicto de tierras, en una provincia en la que los relevamientos y entrega de título a las comunidades originarias está paralizada.

Desde el comienzo del paro provincial, las comunidades originarias definieron acciones comunes para rechazar la reforma que terminaron decantando en la realización de un «Tercer Malón de la Paz», recordando las dos históricas caminatas realizadas por los pueblos indígenas de Jujuy en los años 1946 y 2006 para exigir su derecho al territorio. Las comunidades comenzaron a bajar desde las yungas, la puna y las salinas para unificar sus voces en un mismo reclamo: «¡No a la Reforma!» y «Arriba las whipalas, abajo la reforma!», en un grito común con el reclamo docente que exigían: «¡Arribas los salarios, abajo la reforma!». Las voces de los pueblos originarios contra la modificación de la carta magna provincial llegaron desde todos los rincones de la provincia.

Imagen: Susi Maresca

Comunidad Pozo Colorado: "Nuestra calidad de vida se defiende, es por el aire y por el agua"

Erica Chañari es la presidenta de la comunidad «Pozo Colorado» que se encuentra, junto a otras comunidades, en la zona de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. La comunidad trabaja en las salinas de manera articulada con el turismo en su territorio ancestral. Para Erica esta reforma constitucional no es casual y se relaciona directamente con la valorización global que ha obtenido el litio durante los últimos años.

«En 2019 tuvimos el primer intento de avanzar con exploraciones de litio en las salinas, rápidamente comenzamos a repudiarlo porque no fuimos informados y porque no lo queremos. El gobernador nunca se acercó y desde entonces comenzó a inhabilitar las movilizaciones. Desde ese momento que se viene armando todo esto. Ahora aquello que hacía en cada territorio lo pensó más grande con la modificación de la constitución provincial», sostiene Chañari.

Para la presidenta de la comunidad «Pozo Colorado» esta situación es muy grave porque «cada vez tenemos menos protección sobre nuestros derechos y territorios. Mucha gente lo votó (a Morales) sin saber que implica esta reforma porque no fuimos informados». En el salar, la vida se defiende: «Nuestra calidad de vida se defiende, es por el aire y por el agua. Esa es nuestra riqueza, como nos enseñaron nuestros ancestros, este es nuestro lugar y lo protegemos».

Foto: Susi Maresca

Nación Omaguaca: "Vamos a perder el agua"

Mercedes Maidana es docente indígena de la nación Omaguaca y junto a pares de la nación Kolla se manifestaron en la ciudad de Humahuaca para denunciar las condiciones laborales y rechazar la reforma constitucional. «Como no somos abogados ni juristas no sabemos lo que significa esta reforma en su aplicación, porque no hubo consultas ni información», denunció la docente.

Sin embargo, los derechos sí se conocen y defienden: «El convenio 169 de la OIT, de rango constitucional y adecuación nacional, exige la consulta previa, libre e informada y eso no ha ocurrido. Queremos denunciar esta situación porque tenemos derechos nacionales que nos habilitan. Sino aquello de ser ‘sujeto de derecho’ es solo un enunciado».

Para la docente esta modificación exprés «es gravísima porque Jujuy es tierra minera y podría significar que toda la producción y modos de vida de la población sean modificados«. Además agregó: «Lo más grave es que vamos a perder el agua y no solo las comunidades, la vamos a perder todos».

Foto: Susi Maresca

Comunidad kolla de Caspalá: "Duele que nos maltraten"

Lucía y César Apaza son de la comunidad kolla del pueblo de Caspalá, departamento de Valle Grande. El pasado lunes marcharon hasta San Salvador de Jujuy para rechazar la constitución y visibilizar la situación particular de su pueblo. «Estamos apoyando a los docentes, pero también venimos por la baja la reforma constitucional porque es injusto lo que están haciendo», lamentó Lucía y advirtió sobre los peligros de la puesta en marcha de la modificación de la carta magna: «Ya hubo en nuestro pueblito una usurpación del territorio y tenemos muchos problemas para que nos respeten».

Por su parte, César explicó que se están reuniendo con diferentes comunidades para frenar la reforma «porque toda nuestra tierra, todas las comunidades y todo el pueblo de Jujuy va a estar afectado con este cambio. Ya no se puede vivir más con esta tiranía».

«Estamos levantando nuestras voces para que nos escuchen», aseguró César. Para el comunero kolla la reforma implica la quita de todas las garantías y la posibilidad de vivir en paz. «Con las usurpaciones y represiones no se puede vivir. Nosotros vivimos una vida tranquila, sencilla. Nosotros vivimos de nuestra agricultura, nuestro ganado, hacemos nuestras artesanías. Duele que nos maltraten, duele que nos traten de esa manera, no solo en mi pueblo, en mi comunidad, sino también toda la provincia de Jujuy».

Foto: Susi Maresca

Comunidad Chalala: "Queremos defender la vida en comunidad"

Sara Choquevilca es integrante de la comunidad indígena de Chalala, una población ubicada a dos kilómetros de Purmamarca. Sara explicó que, desde Chalala, consideran a la reforma ilegal: «No fue participativa, denunciamos la falta de consulta y de consentimiento de los pueblos indígenas que conforman esta provincia». En el caso puntual de la comunidad de Chalala, Sara explicó que están atravesando hace más de dos años un conflicto específico por las tierras comunitarias en el que «el Gobierno desconoce los derechos de la comunidad sobre su propiedad comunitaria, que ya tiene veinte años de existencia legal».

Tras la especulación inmobiliaria y turística que avanza en la Quebrada de Humahuaca, acceder a un lote es imposible: «Nuestras tierras se valúan millones de dólares, se hace imposible que la gente pueda adquirirlos de forma común». Y agregó: «Recuperando los derechos ancestrales es que los pobladores recuperan y se asientan en sus tierras. Así se conformó la comunidad indígena que reúne a 102 familias y trabaja con el turismo en Purmamarca, un turismo conocido mundialmente».

«Las familias tienen derecho a poseer sus tierras y a vivir dignamente en ellas. Hoy tenemos a muchas familias afectadas en el acceso a los servicios de agua y luz porque el Estado provincial no reconoce los derechos de los títulos propietarios de la comunidad y amenaza con desalojar a las familias de la comunidad«.

En ese sentido, explicó los riesgos de la aprobación de la reforma: «Sabemos que nuestros derechos se van a ver fuertemente limitados. Sabemos de la riqueza de minerales que hay próxima a Purmamarca, el litio en las salinas. Y también sabemos el interés que tienen las empresas privadas para acaparar esos recursos naturales. Queremos defender la vida en el lugar, en comunidad, en Purmamarca. Seguir defendiendo el paisaje, la naturaleza y el turismo«.

Fuente: Camila Parodi y Susi Maresca -Cobertura conjunta entre Tierra Viva y Marcha-