La diputada del HDP por Hakkari y copresidenta del DTK, Leyla Güven, ha alcanzado el día 163 de su huelga de hambre.

Se declaró en huelga de hambre el 8 de noviembre de 2018 para exigir el fin del aislamiento de Abdullah Öcalan, que está encarcelado en la prisión Imrali.

Ha subrayado que si se aplican las leyes, se reducirán los ataques, habrá un destello de esperanza y la posibilidad de que la paz vuelva a incluirse en el orden del día. Como las autoridades gubernamentales no iniciaron ninguna práctica democrática con este fin, hasta siete mil presos políticos en las cárceles se pusieron en huelga de hambre organizados en grupos con intervalos de dos semanas. Todos exigen que el Estado se atenga a las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes en todas las prisiones.

La Iniciativa Raise Your Voice for Leyla indicó : "todos los prisioneros y sus familias ha hecho llamadas, enviado cartas y pedido acciones al Presidente, al Ministerio de Justicia de la República de Turquía, al Presidente del Parlamento, al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), al Consejo de Europa, a miembros del Parlamento Europeo y a parlamentarios de varios estados, organismos y organizaciones de derechos humanos (se han enviado 9.000 correos electrónicos con este fin por medio de la iniciativa)".

La iniciativa añadió: "los que están en huelga de hambre en las cárceles son sometidos a aislamiento, a los que están en huelga de hambre desde hace mucho tiempo no se les permite tener personas que les acompañen, se hacen esfuerzos para impedir su comunicación con el mundo exterior mediante la imposición de castigos disciplinarios que les impidan recibir visitas de los miembros de la familia, hacer llamadas telefónicas, enviar y recibir correos".

Los reclusos son objeto de violencia física y psicológica. Los informes de la Asociación de Derechos Humanos indican que su presión arterial y su peso no se miden periódicamente, que no se les suministra la cantidad adecuada de sal, azúcar, carbono, limón, zumo de fruta y que se confiscan los que poseen, y que los precios de esos productos en los mercados penitenciarios se duplican. Aquellos que han pasado décadas en prisiones luchando contra las violaciones de derechos corren el riesgo de sufrir daños irreversibles. Cabe señalar que hemos tenido dificultades para acceder a la información sobre los presos debido a la opresión en las cárceles y sobre las familias de los presos.