En una declaración conjunta, el Asesor Especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, y la Asesora Especial de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de Proteger, Karen Smith, dijeron: "Los civiles de Siria siguen viviendo uno de los peores conflictos de nuestro tiempo, con reiteradas violaciones de sus derechos y protecciones básicos garantizados por el derecho internacional".

Civiles en peligro

La declaración decía: "Esta última escalada del conflicto vuelve a poner en grave peligro a la población civil. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha informado sobre varias víctimas civiles, incluidas las denuncias de ejecuciones sumarias, y los organismos humanitarios informan de que al menos 160.000 civiles han sido desplazados en los seis días transcurridos desde el inicio de la operación militar".

Los Asesores Especiales subrayaron que ningún civil debería verse obligado a abandonar su hogar en contra de su voluntad. Además, el retorno de los refugiados debe ser voluntario y en condiciones seguras para que puedan hacerlo de manera sostenible.

Llamamiento a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad para que hagan más

Los Asesores Especiales también instaron a la comunidad internacional, y al Consejo de Seguridad en particular, a hacer más por asumir la responsabilidad de proteger a los civiles en el conflicto sirio. El hecho de que el Consejo de Seguridad no haya hablado con una sola voz y no haya adoptado medidas para proteger a la población civil que corre el riesgo de sufrir serios abusos va en contra del principio de la responsabilidad de proteger, un compromiso asumido por todos los Estados Miembros.

Necesidad de buscar una solución política sostenible

Los Asesores Especiales reiteraron sus llamamientos para que se reduzca la escalada y se encuentre una solución política a la crisis de Siria, afirmando que "demasiados civiles ya han sido víctimas de crímenes atroces en Siria desde el inicio del conflicto en 2011 y que millones de sirios siguen corriendo el riesgo de ser víctimas de estos crímenes". Hasta que no haya una solución política sostenible a la crisis, una en la que todas las comunidades del país tengan voz y sus derechos puedan ser protegidos, el riesgo de crímenes atroces seguirá siendo una realidad".