En medio de la pandemia del COVID-19 y una crisis sanitaria esperada en los centros de detención turcos, los co-relatores de PACE (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) para el monitoreo de Turquía, Thomas Hammarberg (Suecia, SOC) y John Howell (Reino Unido, CE/DA), han instado a las autoridades turcas a garantizar que cualquier liberación anticipada o condicional de prisioneros no sea discriminatoria y no excluya a los detenidos por motivos políticos.

“Damos la bienvenida a los pasos tomados por el parlamento turco para examinar proyectos de enmiendas a la Ley de Ejecución Penal para combatir la propagación del virus COVID-19 en los centros de detención. En particular, estos deben tener en cuenta la dramática situación de los reclusos mayores y enfermos, las mujeres embarazadas presas o las mujeres con niños", dijeron.

"También deberían abordar las preocupaciones planteadas por el Comité contra la Tortura (CPT) del Consejo de Europa en su declaración de principios publicada recientemente, que exhorta a los Estados miembros a utilizar alternativas a la privación de libertad, en particular en situaciones de hacinamiento".

"Sin embargo, nos horroriza saber que estas enmiendas podrían excluir a políticos, periodistas, académicos, funcionarios públicos despedidos, activistas de la sociedad civil y muchos otros detenidos por 'cargos relacionados con el terrorismo' por ejercer su derecho a la libertad de expresión o reunión".

"La Asamblea, incluida su reciente Resolución, instó reiteradamente a las autoridades turcas a revisar, si no derogar, las disposiciones de la Ley Antiterrorista y el Código Penal que continúan siendo interpretadas de manera demasiado amplia, en contradicción con la jurisprudencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que conduce a penas de prisión injustificadas o detenciones previas al juicio", agregaron.

“En varios casos importantes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal Constitucional turco descubrieron violaciones de los derechos fundamentales, que ya no justifican la detención prolongada de periodistas, políticos o activistas de la sociedad civil. Por lo tanto, es impensable que las enmiendas propuestas deban a sabiendas y deliberadamente privar a los detenidos por razones políticas, y que no representan una amenaza para la sociedad, del acceso a medidas de salud y condiciones vitales de vida seguras. Dicha discriminación no sería aceptable desde el punto de vista de los derechos humanos y expondría a estas personas a riesgos sanitarios agudos y nocivos adicionales en las cárceles superpobladas, imponiéndoles así una doble condena".

“En este período sin precedentes y altamente desafiante, todas las autoridades en Europa tienen la responsabilidad y serán responsables de las medidas tomadas para garantizar la salud y el derecho a la vida de todos sus ciudadanos. Expresamos nuestro apoyo a las autoridades turcas en su lucha contra la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, les instamos a tomar todas las medidas urgentes necesarias para evitar su difusión sin discriminación, incluso en las cárceles, garantizar el acceso a la información relevante y necesaria y facilitar todas las iniciativas, incluidos los lanzados por las autoridades locales, para reforzar las medidas preventivas y garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables o expuestos”, concluyeron los correlatores.

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