Los efectos de la severa serie de terremotos en la región fronteriza turco-siria son dramáticos. Decenas de miles de personas perdieron la vida y los sobrevivientes se quedaron sin nada. Solo en Turquía, al menos 13,5 millones de personas se ven directamente afectadas por los terremotos. Nada es como antes. Sólo en la política de gobierno todo sigue igual. El gobernante de mucho tiempo, Recep Tayyip Erdogan, está en modo campaña electoral y continúa su campaña contra los partidos de oposición incluso en medio del desastre.

El foco principal está en el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), que es objeto de procedimientos de prohibición. Las acusaciones son "vínculos con el terrorismo". Los cargos se basan principalmente en publicaciones de Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan y Mithat Sancar en las redes sociales durante el proceso de paz entre el PKK y el Estado turco. A partir de los tuits, la fiscalía construye un vínculo estructural entre el HDP y el movimiento de liberación kurdo. 

Además, también está el llamado juicio de Kobanê, en el que 108 personas, incluido el ex co-presidente del HDP, Selahattin Demirtaş, serán sentenciadas a múltiples cadenas perpetuas por un llamado a protestar contra el apoyo del ISIS de Turquía en el ataque a Kobanê. Se espera que el Tribunal Constitucional de Turquía en Ankara tome una decisión final en el caso de prohibición antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales, que tendrán lugar el 14 de mayo. La audiencia oral contra el HDP comenzará el 14 de marzo.

A nivel internacional, hay fuertes críticas al plan del poder judicial de Erdogan para sacar al HDP del escenario político. El partido ha estado bajo presión durante años. Miles de sus miembros, incluidos exalcaldes y líderes del partido, están en prisión por cargos de terrorismo, y casi todos los municipios que ganó en las últimas elecciones locales fueron usurpados por el gobierno a través de síndicos.

El Partido Comunista Francés (PCF) emitió un comunicado pidiendo al gobierno turco que detenga de inmediato los procedimientos para prohibir el HDP, acusando al presidente Erdogan de haber sumido a Turquía en el caos y de desestabilizar la región con sus políticas agresivas.

“Condenamos enérgicamente la prohibición y aseguramos al HDP nuestra total solidaridad. Porque está comprometida con una Turquía democrática y diversa, lucha con determinación y creatividad por la emancipación de la mujer, el progreso social y ecológico, la libertad y la igualdad de todas las personas, independientemente de su origen étnico y cultural. Se trata nada menos que de prohibir un partido democrático con millones de votos y que es un actor importante en la vida política turca. La decisión que se tomará solo puede ser arbitraria y, en todo caso, viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Exigimos, de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), la anulación de los procedimientos en curso, el respeto del estado de derecho y la libertad de todos los pueblos de Turquía”, afirmó el PCF.

En Turquía, el cierre de partidos políticos, especialmente los pro kurdos, no es históricamente excepcional. Sin embargo, hay varios fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el país, incluso en el caso de HADEP y HEP, que subrayan el papel fundamental que juegan los partidos en una democracia y reprenden las prohibiciones o disoluciones en consecuencia. El Tribunal considera que las prohibiciones de partidos son una medida extrema, justificada como último recurso solo en circunstancias muy excepcionales. Estos incluyen, por ejemplo, un vínculo directo entre un partido político y los actos delictivos de una "organización terrorista" que haya sido probado por un tribunal independiente. De acuerdo con la jurisprudencia del TEDH, la prohibición de un partido no puede justificarse por el mero hecho de que este partido intente debatir públicamente la situación de un sector de la población.