La Cámara de los Lores británica aprobó una nueva ley de inmigración. Así, la "ley contra la inmigración ilegal" podría entrar en vigor antes del receso de verano del parlamento.

La normativa es una parte importante de los esfuerzos del gobierno conservador para frenar la inmigración ilegal. Entre otras cosas, impone al Ministerio del Interior la obligación de deportar a todo inmigrante que ingrese ilegalmente al país. La medida implica una deportación rápida, ya sea dentro de su propio país o a un tercer estado, como Ruanda, que tiene un acuerdo para aceptar a estos inmigrantes. No está claro qué pasará con los migrantes una vez que la ley entre en vigor, ya que el acuerdo se está negociando actualmente ante el tribunal inglés más alto.

Con la ley, el gobierno conservador quiere principalmente reducir el número de inmigrantes que entran al país en pequeñas embarcaciones cruzando el Canal de la Mancha. Constituyen alrededor del 45 por ciento de todos los solicitantes de asilo. En el año récord de 2022, hubo más de 45.000 inmigrantes. En lo que va del año, el número es más de 12.000. Había casi 8.000 migrantes en junio, más que en cualquier junio anterior.

La ley ha generado críticas generalizadas en el Reino Unido y en organizaciones internacionales. Según informes de los medios, el gobierno celebró la votación como una "gran victoria", con críticas de la oposición. "No detendrá los barcos. Destruirá la vida de los niños", denunció Stella Creasy, diputada del Partido Laborista.

ONU: "La ley es una violación del derecho internacional"

Naciones Unidas indicó hoy en un comunicado que la nueva ley de inmigración británica, que prevé evitar que los inmigrantes ilegales busquen asilo en el país, viola el derecho internacional. Los funcionarios aseguraron que la normativa aprobada por el Parlamento británico de lunes a martes por la noche "contradecía" las obligaciones de Gran Bretaña en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y refugiados.

Este texto, vital para el conservador primer ministro Rishi Sunak, que hace de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad, sigue en manos del Rey III. Tiene que ser aprobado por éste.