Después de que Turquía se retirara de la Convención de Estambul sobre la Protección de la Mujer contra la Violencia por decreto presidencial el 1 de julio, el siguiente golpe a los derechos de las mujeres y los niños sigue con la ratificación del cuarto paquete legislativo. Según el párrafo 13 de la nueva ley, ahora ya no será suficiente detener al presunto autor en las investigaciones de violencia sexual si sólo existe una "fuerte sospecha" en su contra. En cambio, las "pruebas concretas" se convertirán en un requisito previo para la imposición de la prisión preventiva. CHP y HDP votaron en contra del proyecto de ley.

Este punto del paquete legislativo en particular ha suscitado duras críticas. La diputada del HDP Dilşat Canbaz Kaya advirtió: "El llamado caso Elmali de dos niños afectados por la violencia sexual y el caso del abuso de un bebé de dos años en Uşak muestran una vez más el alcance del abuso infantil en Turquía. Como muestran los ejemplos de Pozantı y la Fundación Ensar, el abuso infantil ocurre en instituciones públicas y en algunas asociaciones y fundaciones apoyadas por el gobierno. Además, la mayor parte de la violencia es agresión sexual contra más de un niño, pero la gran mayoría de los perpetradores quedar impune".

La ley equivale a la protección de los perpetradores

Esta ley protege a los perpetradores del encarcelamiento. Especialmente en los casos de abuso sexual de niños, a menudo es muy difícil proporcionar "pruebas concretas" más allá de declaraciones e insinuaciones. Los expertos temen que el umbral de inhibición para cometer tales actos seguirá cayendo como resultado de la ley. Dado que los perpetradores generalmente provienen de la familia inmediata o del entorno institucional de los sobrevivientes de los actos de violencia, esta ley también les brinda la oportunidad de aumentar la presión y ocultar sus actos.

La violencia sexual es legitimada sistemáticamente por el régimen

Las tasas de abuso se han multiplicado bajo la regla AKP. La causa de esto se ve, entre otras cosas, en la legitimación de los discursos del lado de las autoridades. Apenas la semana pasada, el gobierno reintrodujo una ley en la discusión, según la cual si los menores afectados por la violencia sexual se casaban con los perpetradores, quedarían impunes. Esta ley, conocida como la "amnistía por abuso", está muy cerca del corazón del gobierno, por lo que ya había intentado impulsarla en 2016 y 2020.