Los treinta acusados en el ‘Juicio KCK’ de Yüksekova fueron condenados el viernes a largas penas de prisión. Según ha trascendido, uno de los condenados es el político del HDP Ahmet Öner. Öner era responsable del contacto con la población en el HDP de la provincia de Hakkari y era considerado una figura destacada con gran popularidad en la sociedad kurda. Murió de cáncer de estómago en 2017 y ahora ha sido condenado a título póstumo a ocho años y nueve meses de prisión por pertenencia a una organización ilegal.

En el mismo juicio, Remziye Yaşar, la destituida co-alcaldesa del distrito de Yüksekova, ha sido condenada a 17 años y seis meses de prisión. El tribunal impuso penas de prisión igualmente elevadas a Vahit Şahinoğlu y Mehmet Çapraz. Los restantes 26 periodistas acusados, Necip Çapraz, Tacettin Safalı, Yılmaz Güneyli, Yılmaz Gözyan, Abidin Eniş, Naif Öztekin, Nazif Ataman, Arif Karay, Sabri Tümen, Abdülkerim Akdoğan, Songül Öztanmen Abdülhalik Özdel, Metin Yaşar, Muhyettin Önal, Nahide Yıldız Pulat, Hurşit Altekin, M. Emin Seven, Hüsnü Beşer, Abdülmenaf Düzenci, Abdurahman Gemicioğlu, Ruken Yetişkin, Cemil Bor, Hüsnü Bulgan y Seracettin F. Önal, han recibido penas de ocho años y nueve meses. El tribunal ha dictaminado que deben presentarse periódicamente ante la policía debido al riesgo de fuga.

Antecedentes

El proceso contra la KCK de Gever llevaba en marcha desde enero de 2012. La ola de represión contra presuntos miembros de la Sociedad del Kurdistán (KCK), la organización que aglutina al movimiento de liberación kurdo, comenzó el 14 de abril de 2009. Dos semanas antes se habían celebrado elecciones locales en Turquía, y el partido pro-kurdo DTP (Partido de la Sociedad Democrática) consiguió casi duplicar el número de sus alcaldes. Ese mismo año, en diciembre, el DTP fue prohibido por decisión del Tribunal Constitucional por acusaciones de terrorismo.

La ‘Operación KCK’ comenzó con la detención de varios políticos kurdos y responsables de organizaciones de la sociedad civil. La represión afectó a todos los ámbitos de la vida social en distintas oleadas y también a alcaldes, sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y abogados. Al final de la operación, en 2011, unas 10.000 personas habían sido detenidas por ser sospechosas de pertenecer a la KCK. Muchas de ellas fueron condenadas a largas penas de prisión.