Mihemed Hisen Misto, un campesino de 49 años de la aldea de Beye, en el distrito de Sherawa de Afrin, fue secuestrado por los mercenarios de Faylaq al-Sham respaldados por Turquía y llevado a una mazmorra en la aldea de Iska.

Según los informes, liberaron a Mihemed Hisen Misto a cambio de mil dólares y cinco latas de aceite de oliva. Sin embargo, el hombre fue secuestrado nuevamente el 15 de abril y fue sometido a torturas a muerte durante tres días en el mismo calabozo.

Mihemed Hisen Misto fue llevado a un hospital en Afrin pero perdió la vida el 4 de junio a pesar de los esfuerzos médicos. La familia del hombre sólo podía quitarle el cadáver a los grupos de mercenarios a cambio de un millón de liras sirias como rescate.

En febrero de 2021, Sheikhmous Qasem Mustafa, de 67 años, de la aldea de Midan Ikbes en el distrito de Rajo de Afrin, fue secuestrado por el grupo mercenario Sham Legion afiliado a las fuerzas de ocupación turcas. El hombre fue torturado hasta la muerte en un centro de detención de Rajo.

Antecedentes

Afrin ha estado ocupada por Turquía desde marzo de 2018. Los secuestros son una fuente común de ingresos para los mercenarios islamistas del estado turco. Desde el comienzo de la ocupación, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra han estado en la agenda en lo que alguna vez fue la región más segura de toda Siria. Además de una política colonial clásica, Turquía continúa practicando una política de limpieza étnica, que ha expulsado a cientos de miles de personas de sus asentamientos ancestrales. El cambio demográfico a favor de Turquía y sus fuerzas de invasión islamista, delitos como el secuestro, la tortura, la extorsión y el asesinato están ocurriendo con la aprobación de facto de la comunidad internacional de estados.

Incluso más de tres años después de la ocupación de Afrin en el noroeste de Siria por parte de Turquía y las milicias yihadistas, la violencia excesiva, los saqueos y las expulsiones continúan estando en la agenda en el cantón anteriormente autónomo. Estos son los resultados de un informe mensual de la Organización de Derechos Humanos de Afrin. El balance de las violaciones de derechos humanos registradas en septiembre se presentó el domingo en el campamento de Serdem en el cantón de Shehba. Los contenidos del informe son: dos civiles muertos, incluido un niño, más de ochenta secuestrados, y tres menores casados ​​con mercenarios islamistas contra la voluntad de sus familias.

La Organización de Derechos Humanos de Afrin anunció en enero un  informe  sobre las violaciones de derechos humanos que ha registrado en la región ocupada durante los últimos tres años. Según el informe, que se hizo público en el campo de Serdem en el cantón de Shehba, 300.000 personas fueron desplazadas por la ocupación, 674 civiles fueron asesinados y 7.343 secuestrados.

Según cifras de la organización de derechos humanos, 7.343 civiles han sido secuestrados. El destino de la mayoría de ellos sigue siendo desconocido, asegura el informe. En los últimos tres años, 674 civiles han sido asesinados: 82 de ellos han sido torturados hasta la muerte por las fuerzas de ocupación, 65 mujeres han sido asesinadas y cinco mujeres se han quitado la vida. Se registraron 68 casos de delitos contra la mujer. En los ataques de las fuerzas de ocupación, 696 civiles resultaron heridos, incluidos 303 niños y 213 mujeres. Debido a las explosiones de minas, 2.017 personas resultaron heridas en Afrin.

En septiembre del año pasado, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria publicó un  informe de 25 páginas en el que  presentaba sus conclusiones sobre la base de las investigaciones realizadas entre el 11 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020.

Al documentar las continuas violaciones y abusos cometidos por casi todos los actores del conflicto que controlan el territorio en Siria, el informe destaca un aumento en los patrones de abusos selectivos como asesinatos, violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y saqueos o apropiación de propiedad privada, con sectarios matices.

En Afrin y sus alrededores, el informe documenta cómo el Ejército Nacional Sirio respaldado por Turquía puede haber cometido los crímenes de guerra de toma de rehenes, tratos crueles, torturas y violaciones. En la misma región, decenas de civiles resultaron muertos y mutilados por grandes artefactos explosivos improvisados, así como durante bombardeos y ataques con cohetes.

En particular, el informe decía: "Desde 2019, las mujeres kurdas de las regiones de Afrin y Ra's al-Ayn [Serêkaniyê] se han enfrentado a actos de intimidación por parte de miembros de la brigada del Ejército Nacional Sirio, lo que ha generado un clima de miedo generalizado que, de hecho, las ha confinado en sus hogares. Las mujeres y las niñas también han sido detenidas por combatientes del Ejército Nacional Sirio y sometidas a violaciones y violencia sexual, lo que ha causado graves daños físicos y psicológicos a nivel individual y comunitario, debido al estigma y las normas culturales relacionadas con las ideas. Durante el período que se examina, se documentaron casos de violencia sexual contra mujeres y hombres en un centro de detención en Afrin.

La Comisión también recibió informes de matrimonio forzado y secuestro de mujeres kurdas en Afrin y Ra's al-Ayn [Serêkaniyê], que involucró principalmente a miembros de la División 24 (la Brigada Sultan Murad) del Ejército Nacional Sirio".

La situación de los derechos humanos en partes del norte, noroeste y noreste de Siria bajo el control de las fuerzas turcas y los grupos armados afiliados a Turquía es desalentadora, y la violencia y la criminalidad abundan, advirtió la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Aunque las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario contra la población civil continúan en toda Siria, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha observado un patrón alarmante en los últimos meses de graves violaciones en estas zonas, incluidas Afrin, Ras al-Ain y Tal Abyad, donde se ha documentado un aumento de los asesinatos, los secuestros, los traslados ilegales de personas, las confiscaciones de tierras y propiedades y los desalojos forzosos.

Del 1 de enero al 14 de septiembre de 2020, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó la muerte de al menos 116 civiles como resultado de artefactos explosivos improvisados ​​(IEDS) utilizados por perpetradores no identificados y restos explosivos de guerra (REG). Entre los muertos había 15 mujeres, 20 niños y dos niñas. Unos 463 civiles resultaron heridos.

"También pido a las autoridades turcas que respeten el derecho internacional y se aseguren de que cesen las violaciones cometidas por los grupos armados bajo el control efectivo de Turquía", denunciaron.