Esta mañana la policía turca efectuó nuevos allanamientos en numerosos domicilios en Estambul. El abogado Deniz Demirdöğen anunció en sus redes sociales que fue detenido.

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En Adana, la policía atacó con tanques de agua a presión, balas de goma y gases lacrimógenos a un gran grupo de personas que protestaba por el arresto del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien ha sido enviado a prisión preventiva junto al alcalde de Beylikdüzü, Murat Çalık, y el alcalde de Şişli, Resul Emrah Şahan, todos ellos acusados de corrupción y terrorismo. Los tres alcaldes del CHP fueron además suspendidos de sus cargos, y en su lugar se nombró a un fideicomisario afín al régimen de Erdogan para la Municipalidad de Şişli.

En Izmir fueron detenidos Didar Gül, miembro del Partido de la Libertad Social (TÖP); Soner Küçükergüler, miembro del grupo musical Praksis; Şükran Yaren Tuncer, ex presidente del SGDF; así como Gökhan Erdem; Sema Nur Demirtaş; Berk Çukurcam; Mehmet Duman y Gülşen Sude Avcı. Entre los detenidos se encuentra además el abogado Göksel Akbaba, quien fue detenido en comisaría por la policía mientras se reunía con sus clientes en el edificio del Departamento de Policía Provincial ayer. También fue detenido el ex presidente del Colegio de Abogados de Izmir, Özkan Yücel.

Los detenidos han sido acusados de “Oposición a la Ley de Reuniones y Manifestaciones”.

Pérdida del estado de derecho en la República turca

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de “terrorismo”, un término indefinido, por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Además, el gobierno turco está constantemente destituyendo a cargos electos y sustituyéndolos por fideicomisarios afines al régimen de Erdogan, lo que contraviene todos los principios democráticos. En lugar de sustituir a los cargos destituidos por los segundos en su lista, los cargos son arrebatados a los partidos que salieron victoriosos en elecciones y entregados al gobierno central.

Por si fuera poco, todo esto llega en un momento en que desde el propio gobierno se habían hecho declaraciones y dado pasos para establecer un proceso de paz de cara a resolver la cuestión kurda, uno de las principales conflictos en Turquía y el Kurdistán Norte de cara al establecimiento de una convivencia pacífica. El líder popular kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado en un régimen de aislamiento agravado al margen de toda legalidad desde 1999, según el que no puede reunirse ni comunicarse ni con sus familiares ni tan siquiera con sus abogados, acogió de buen grado estos pasos e hizo una declaración histórica. Sin embargo, desde entonces el gobierno turco no ha dado ni un solo paso en la consecución de una solución, abogando sin embargo por continuar con golpes políticos contra la democracia y ataques de invasión en otras zonas del Kurdistán como en Siria o Irak.

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