Mercenarios respaldados por Turquía han secuestrado a ocho residentes de la aldea de Qude en el distrito de Rajo de Afrin. Se desconocen las secuelas de los civiles secuestrados.

Según fuentes locales, los nombres de los civiles secuestrados son los siguientes: Mihemed Îbo (40), Mihemed Heyder Şêxo (18), Rifet Hesen Hac Musa (55), Selah Menan (60), Ezet Osman (70), Ehmed Hac Musa (71), Tewfîq Mihemed Mûsa (30) y Doxan Ehmed Silêman (30).

Afrin ha estado ocupada por Turquía desde marzo de 2018. Los secuestros son una fuente común de ingresos para los mercenarios islamistas del estado turco. Desde el comienzo de la ocupación, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra han estado en la agenda en lo que alguna vez fue la región más segura de toda Siria. Además de una política colonial clásica, Turquía continúa practicando una política de limpieza étnica, que ha expulsado a cientos de miles de personas de sus asentamientos ancestrales. El cambio demográfico a favor de Turquía y sus fuerzas de invasión islamista, delitos como el secuestro, la tortura, la extorsión y el asesinato están ocurriendo con la aprobación de facto de la comunidad internacional de estados.

Incluso dos años y medio después de la ocupación de Afrin en el noroeste de Siria por parte de Turquía y las milicias yihadistas, la violencia excesiva, los saqueos y las expulsiones siguen estando en la agenda del cantón que antes era autónomo. Estos son los resultados de un informe mensual de la Organización de Derechos Humanos de Afrin. El balance de las violaciones de derechos humanos registradas en septiembre se presentó ayer en el campamento de Serdem en el cantón de Shehba. Los contenidos del informe son: dos civiles muertos, incluido un niño, más de ochenta secuestrados, y tres menores casados ​​con mercenarios islamistas contra la voluntad de sus familias.

En septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria publicó un  informe de 25 páginas en el que  presentaba sus conclusiones sobre la base de las investigaciones realizadas entre el 11 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020.

Al documentar las continuas violaciones y abusos de casi todos los actores del conflicto que controlan el territorio en Siria, el informe destaca un aumento en los patrones de abusos selectivos, como asesinatos, violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y saqueos o apropiación de propiedad privada.

En Afrin y sus alrededores, el informe documenta cómo el Ejército Nacional Sirio respaldado por Turquía puede haber cometido los crímenes de guerra de toma de rehenes, tratos crueles, torturas y violaciones. En la misma región, decenas de civiles resultaron muertos y mutilados por grandes artefactos explosivos improvisados, así como durante bombardeos y ataques con cohetes.

En particular, el informe decía: "Desde 2019, las mujeres kurdas de las regiones de Afrin y Ra's al-Ayn (Serêkaniyê) se han enfrentado a actos de intimidación por parte de miembros de la brigada del Ejército Nacional Sirio, generando un clima de miedo generalizado que, de hecho, las ha confinado en sus hogares. Las mujeres y las niñas también han sido detenidas por combatientes del Ejército Nacional Sirio y sometidas a violaciones y violencia sexual, lo que ha causado graves daños físicos y psicológicos a nivel individual, así como a nivel comunitario, debido al estigma y las normas culturales relacionadas con las ideas. Durante el período que se examina, se documentaron casos de violencia sexual contra mujeres y hombres en un centro de detención en Afrin.

La Comisión también recibió informes de matrimonio forzado y secuestro de mujeres kurdas en Afrin y Ra's al-Ayn (Serêkaniyê), que involucró principalmente a miembros de la División 24 (la Brigada Sultan Murad) del Ejército Nacional Sirio".

La situación de los derechos humanos en partes del norte, noroeste y noreste de Siria bajo el control de las fuerzas turcas y los grupos armados afiliados a Turquía es “sombría, con violencia y criminalidad”, advirtió el viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Si bien las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario contra civiles continúan en Siria, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha observado un patrón alarmante en los últimos meses de violaciones graves en estas áreas, incluso en Afrin, Ras al-Ain y Tel Abyad, donde aumentaron los asesinatos. Además, se han documentado secuestros, traslados ilegales de personas, confiscaciones de tierras y propiedades y desalojos forzosos.

Del 1 de enero al 14 de septiembre de 2020, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó la muerte de al menos 116 civiles como resultado de artefactos explosivos improvisados ​​(IEDS) utilizados por perpetradores no identificados y restos explosivos de guerra (REG). Entre los muertos había 15 mujeres, 20 niños y dos niñas. Unos 463 civiles resultaron heridos.

"También pido a las autoridades turcas que respeten el derecho internacional y se aseguren de que cesen las violaciones cometidas por los grupos armados bajo el control efectivo de Turquía", indicó.