La muerte del pasado 25 de diciembre de un niño guatemalteco de 8 años, quien se encontraba junto con su padre bajo custodia de la policía de inmigración de los EE. UU., pone otra vez en tela de juicio las represivas prácticas implementadas por la administración de Donald Trump.

Estas políticas han sido implementadas durante los últimos meses en la frontera sur de los EE. UU. en un intento de frenar la autodenominada ‘Caravana de Migrantes’, formada por gente de varios países centroamericanos.

El mismo día que se publicaba la noticia del niño, en la comunidad maya de San Antonio Secortec de Guatemala se llevaba a cabo el funeral de la pequeña Jakelin Caal, de 7 años de edad, según los rituales de este pueblo indígena.

Jakelin también murió de deshidratación a principios de diciembre, mientras se encontraba bajo custodia de la policía de inmigración de los EE. UU.

La investigación preliminar sobre su muerte apunta a una negligencia y a la “no aplicación” de los protocolos establecidos.

La muerte de los dos menores en menos de un mes coincide con el anuncio de un acuerdo preliminar entre los EE. UU. y el gobierno de México, liderado por Antonio Manuel López Obrador.

El plan, propuesto por México y denominado ‘Plan de Desarrollo del Triángulo Norte’, prevé una inversión de 33.600 millones de dólares en Guatemala, Honduras, El Salvador y la región de Chiapas (sur de México).

La idea de este plan es parte de las propuestas de López Obrador sobre las bases de que solo un enfoque de desarrollo socioeconómico puede contener la migración constante de esta región a los EE. UU.