En el fallo de la Sala de hoy en el caso de Adana TAYAD contra Turquía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo, por unanimidad, que se había producido una violación del artículo 11 (libertad de reunión y asociación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La causa se refería a la disolución de la asociación solicitante, conocida como Adana TAYAD, ordenada por el Tribunal de Distrito por las actividades ilegales de algunos miembros de la junta directiva de la asociación, mientras que las sentencias dictadas en los procedimientos relativos a esos delitos aún no eran definitivas.

El Tribunal reiteró que la disolución pura y simple de una asociación era una medida muy severa que entrañaba consecuencias importantes para sus miembros y que sólo podía adoptarse en los casos más graves. En virtud del artículo 11, los Estados tenían el deber reforzado de presentar las razones que justificaban esa medida.

El Tribunal consideró, en particular, que como no habían establecido la existencia de razones imperiosas para la orden de disolución, las autoridades nacionales no habían cumplido su deber de justificar la medida, lo que menoscababa la esencia misma del derecho a la libertad de asociación. En consecuencia, el Tribunal sostuvo que no se había demostrado que la injerencia fuera "necesaria en una sociedad democrática".

El Tribunal observó en primer lugar que los tribunales nacionales habían ordenado la disolución de la asociación solicitante y habían puesto fin a su propia existencia, impidiéndole realizar cualquier actividad como asociación. Esa medida equivalía a una injerencia en el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación en virtud del artículo 11 del Convenio.

El demandante, la Asociación de Ayuda Mutua y Solidaridad con las Familias de los Prisioneros y los Condenados de Adana (Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Yardımlaşma ̈ - comúnmente conocida como "Adana TAYAD"), es una asociación de derecho turco. El objetivo declarado de los fundadores de la asociación es proporcionar ayuda y apoyo a las familias de los presos y convictos.

El 17 de septiembre de 2009 un tribunal de Adana accedió a la solicitud de la fiscalía y ordenó la disolución de la asociación. Observó que la asociación realizaba actividades que ya no correspondían al propósito definido en su constitución, que difundía propaganda a favor del PKK, una organización terrorista ilegal, y que, por consiguiente, su propósito "había pasado a ser incompatible con la ley y la moral" y su objeto había pasado a ser ilegal en virtud del artículo 89 del Código Civil. El 7 de octubre de 2009, la asociación solicitante presentó un recurso ante el Tribunal de Casación. El 3 de diciembre de 2009 ese tribunal confirmó la sentencia, que se convirtió en definitiva.