El plan del gobierno turco para permitir múltiples colegios de abogados parece calculado para dividir la profesión legal en líneas políticas y disminuir el papel de los colegios de abogados más grandes que operan como guardianes de los derechos humanos, expresó hoy Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. Los actuales colegios de abogados no han sido consultados, y 78 de los 80 colegios firmaron una declaración en contra del proyecto.

Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas han publicado un documento que explica el proyecto de ley, programado para que sea votado en el parlamento en los próximos días. El documento describe el esfuerzo dirigido por el gobierno para reducir la influencia de los principales colegios de abogados, lo que refleja la creciente insatisfacción del ejecutivo con los informes públicos de los colegios de abogados sobre la crisis de Turquía, los derechos humanos y el estado de derecho.

"Los prominentes colegios de abogados de Turquía desempeñan un papel clave en la defensa del derecho a un juicio justo y el cuidado de los derechos humanos, en un momento en que la violación flagrante de los derechos es norma en Turquía", expresó Hugh Williamson, director de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, y agregó "El movimiento del gobierno para crear múltiples colegios y reducir drásticamente la representación de los colegios principales a nivel nacional, es una táctica clara para dividir y gobernar, disminuyendo la autoridad y el papel de vigilancia de las asociaciones de abogados".

Las enmiendas propuestas establecen que en provincias con más de 5,000 abogados, un grupo de al menos 2,000 abogados puede establecer asociaciones de abogados alternativas. En grandes ciudades como Estambul, Ankara e Izmir, se podrían establecer varios colegios de abogados. Las enmiendas también reducirían en gran medida la representación de las asociaciones de abogados más grandes a nivel nacional dentro de la Unión de Colegios Turcos, el organismo paraguas con sede en Ankara, que tiene importantes recursos financieros que controla y distribuye a los colegios provinciales.

El hecho de que la gran mayoría de los representantes elegidos de la profesión de abogacía se opongan a la medida, y que el impacto probable será la disminución en gran medida de la autoridad de los principales colegios provinciales que han sido críticos de ciertas iniciativas gubernamentales, demuestra que el objetivo del cambio propuesto es proteger al gobierno de justificadas críticas, denunciaron Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas.

Reducir drásticamente el número de delegados de los grandes colegios de abogados, que representan a miles de abogados en la Unión nacional de Colegios de Abogados de Turquía, reduce también la influencia de los grandes colegios de abogados para elegir al presidente del grupo nacional y participar de manera significativa en otras funciones de toma de decisiones.

Un colegio de abogados provincial con menos de 100 abogados, como Ardahan en el noreste de Turquía, por ejemplo, estaría representado por 4 delegados, en comparación con 3 en la actualidad. Pero un colegio de abogados como Izmir en el oeste de Turquía, con más de 9,500 abogados, que envía a 35 delegados, tendría derecho a solo 5. Estambul, Ankara e Izmir, que representan el 55 por ciento de los abogados en Turquía, tendrían derecho a solo el 7 por ciento de todos los delegados dentro de la unión nacional.

La atmósfera de conflicto en la que se ha presentado el proyecto de ley, su momento y la falta de consulta con los propios colegios de abogados proporcionan motivos creíbles para una gran preocupación y escepticismo sobre los motivos del gobierno, indicaron ambas asociaciones. 

Durante el año pasado, la presidencia y el gobierno de Turquía han hecho declaraciones públicas criticando enérgicamente a los principales colegios de abogados en, respuesta a la expresión legítima de las asociaciones, respecto de preocupaciones sobre la crisis del estado de derecho de Turquía y la interferencia del ejecutivo en el sistema de justicia. El gobierno ha reaccionado fuertemente contra la crítica que han realizado los colegios, sobre su incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos a través de la publicación de informes de tortura, desapariciones forzadas y otros abusos de derechos, ignorados por las autoridades de la justicia.

Por estas razones, las enmiendas propuestas por el gobierno están claramente diseñadas para lograr un propósito político no relacionado con un esfuerzo por avanzar o fortalecer los estándares en la profesión jurídica, señalaron desde Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. La medida del gobierno es políticamente divisiva y contribuirá a socavar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia.

"El gobierno debería retirar inmediatamente la enmienda propuesta y embarcarse en un proceso de consulta completa con los colegios de abogados", expresó Roisin Pillay, directora del Programa de Europa y Asia Central de la Comisión Internacional de Juristas, y destacó que “El plan del gobierno en su forma actual solo profundizará la desconfianza en el sistema de justicia de Turquía ya que carece de independencia al dividir la profesión legal en líneas políticas. Esto podría tener consecuencias desastrosas a largo plazo para mantener el papel y la función de los abogados y para el derecho a un juicio justo".