El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó hoy su interpretación sobre el derecho a la reunión pacífica, definiendo el alcance de la reunión que se aplica tanto a las reuniones físicas como a las reuniones virtuales o en línea, y describiendo las obligaciones de los gobiernos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 18 expertos individuales que monitorean la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ha emitido una guía legal integral, también conocida como 'comentario general', sobre el artículo 21 del PIDCP sobre cuestiones fundamentales derecho de reunión pacífica. El comentario general fue el primer instrumento internacional importante que también se redactó en línea, ya que los expertos no pudieron reunirse en persona debido a la pandemia.

En un momento en que los acontecimientos recientes, incluida la pandemia de COVID-19, han creado desafíos sin precedentes para la realización de esta herramienta de protesta, sumado al escenario mundial en apoyo al movimiento Black Lives Matter, han subrayado su importancia, el comentario general aclara cómo el término "asamblea pacífica" será entendido y establece estándares para ayudar a los 173 países que han ratificado el PIDCP a cumplir con sus obligaciones bajo el Pacto.

“Es un derecho humano fundamental para las personas unirse a una asamblea pacífica para expresarse, celebrar o reclamar. Junto con otros derechos relacionados con la libertad política, constituye la base misma de una sociedad democrática, en la que los cambios pueden llevarse a cabo mediante la discusión y la persuasión, en lugar del uso de la fuerza", dijo Christof Heyns, miembro del Comité y Relator, para la redacción del informe general.

"Todos, incluidos los niños, los extranjeros, las mujeres, los trabajadores migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, pueden ejercer el derecho a la reunión pacífica, que puede tomar muchas formas: en espacios públicos y privados, al aire libre, en interiores y en línea", agrega el informe.

El Comité también declaró que los gobiernos tienen obligaciones a favor del Pacto para facilitar las asambleas pacíficas y proteger a los participantes de posibles abusos por parte de otros miembros del público. Los gobiernos también tienen deberes en función de no prohibir, restringir, bloquear o interrumpir las asambleas sin una justificación convincente.

"Las referencias generalizadas al orden público o la seguridad pública, o un riesgo no especificado de violencia potencial no son bases sólidas para que los gobiernos prohíban las asambleas pacíficas", expresó Heyns, y agregó: “Cualquier restricción a la participación en asambleas pacíficas debe basarse en una evaluación diferenciada o individualizada de la conducta de los participantes. Las restricciones generales a la participación en asambleas pacíficas no son apropiadas”.

El comentario general también proporcionó orientación sobre una serie de temas actuales, incluidos los siguientes: los participantes de la asamblea tienen derecho a usar máscaras o capuchas para cubrirse la cara; los gobiernos no deberían recopilar datos personales para hostigar o intimidar a los participantes; y los gobiernos tampoco pueden bloquear las redes de Internet o cerrar ningún sitio web debido a su papel en la organización o solicitud de una asamblea pacífica.

También hizo hincapié en el derecho de los periodistas y observadores de derechos humanos a supervisar y documentar cualquier reunión, incluidas las violentas e ilegales.