La justicia turca está siendo dura en el caso de Abdullah Zeydan. El Consejo de Jueces y Fiscales (HSK) ha abierto una investigación sobre el tribunal que restableció los derechos civiles del político kurdo Abdullah Zeydan, incluidos los de presentarse a cargos políticos.
El HSK está investigando a los miembros de la 5ª sala penal por delitos graves en Amed (Diyarbakır), según informó ayer jueves el servicio turco de Deutsche Welle.
La decisión de abrir la investigación se produjo justo un día después de que Zeydan recibiera su certificado de nombramiento como alcalde de la ciudad kurda de Van (Wan). El candidato del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM) fue elegido el domingo con el 55% de los votos. Sin embargo, el candidato del partido gobernante AKP, que quedó muy por detrás con el 27,1 por ciento de los votos, fue nombrado alcalde. Según la información proporcionada por el Partido DEM, el derecho de Zeydan a presentarse como candidato fue revocado brevemente por iniciativa del Ministerio de Justicia.
El trasfondo de la acción fue que la 5ª Sala de lo Penal de Diyarbakır revisó su propia decisión de 2022 tras una objeción del Ministerio de Justicia. En aquel momento, Zeydan había solicitado recuperar todos los derechos civiles tras una condena de prisión. El tribunal aprobó la solicitud en su momento, pero retiró su propia decisión apenas dos días antes de las elecciones sin informar a Zeydan.
En un comunicado emitido posteriormente por el comité electoral regional de Van, se afirmaba que Zeydan había perdido sus derechos políticos debido a la condena. El hombre, de 52 años, fue detenido en 2016 y posteriormente condenado a algo más de ocho años de prisión por "apoyar y hacer propaganda de una organización terrorista", un cargo utilizado ampliamente en Turquía contra la oposición política, activistas, abogados por los derechos humanos y la prensa libre.
El HSK, encargado, entre otras cosas, del control disciplinario de los tribunales, basa la investigación en una "decisión incorrecta" de la Cámara Penal de Diyarbakır. Esto habría restablecido los derechos civiles de Zeydan demasiado pronto, concretamente antes de que hubiera expirado el plazo legal de devolución de tres años. Sin embargo, dado que la decisión es jurídicamente vinculante desde abril del año pasado, ya no puede ser recurrida y, desde luego, no puede ser anulada por una sala de lo penal.
La única posibilidad que ofrece el derecho penal turco para revocar los derechos civiles de Zeydan es una objeción del Ministerio de Justicia "a favor de la ley". Sin embargo, sólo el Tribunal de Casación (Yargıtay), el más alto tribunal de apelación de Turquía, puede revocar la decisión. Pero hasta que eso ocurra, Zeydan seguirá en su cargo.
Si el Tribunal de Casación toma realmente la decisión de anular la elección de Zeydan como alcalde, el ayuntamiento de Van tendría que nombrar a un sucesor. Pero esto no tendría que significar que pasara a manos del AKP, ya que el Partido DEM es mayoritario y habría de quedar en manos de otro de sus representantes.
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